Ley de Acceso a la Tierra: obtuvo dictamen para ser debatida en Diputados

El proyecto busca que los pequeños productores puedan acceder a créditos para la compra de parcelas y la construcción de una vivienda digna.

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El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra propuesto por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) busca facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y construcción de viviendas. Este obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General, y Agricultura y Pesca. Al tener luz verde ya puede ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley había sido presentado por tercera vez el 22 de octubre de 2020, en una audiencia en el Congreso junto a los entonces ministros de Agricultura, Luis Basterra, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

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Según la UTT, en Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

En ese sentido, el referente de la Unidad, Agustín Suarez indicó que el dictamen «es histórico».  «Venimos peleando hace mucho tiempo por esta ley, y se fue dilatando. Hicimos dos acampes para pedir que se dictamine y pase al recinto«, señaló Suárez.

Por su parte, Zulma Molloja, vocera de UTT afirmó que «el modelo del agronegocio representa a un campo concentrado que no alimenta, no está enfocado en el hambre del pueblo mientras genera extraordinarias riquezas por las exportaciones».

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El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra

El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra apunta a los pequeños productores para que puedan acceder a créditos para la compra de parcelas y la construcción de una vivienda digna.

El crédito sería otorgado por el Banco Nación con un valor de 110 millones de dólares, en el que 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Esta normativa también busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.