La caducidad del Decreto 514/2021 el pasado 30 de septiembre encendió alarmas en el sector rural. La norma, vigente durante cuatro años, habilitaba la compatibilidad entre empleo temporario registrado y planes sociales. Gracias a ella, al menos 120 mil trabajadores y sus familias pudieron acceder al trabajo formal sin perder los subsidios estatales.
José Voytenco, secretario general de la UATRE y presidente del RENATRE, presentó el 22 de agosto una nota formal al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, solicitando su prórroga. El objetivo, señaló, es promover “trabajo decente y romper la informalidad”. Según explicó, la medida permitió ampliar la cobertura de seguridad social en tareas estacionales y migrantes, un avance clave en la ruralidad argentina.
Cristian Klingbeil, productor yerbatero e impulsor de la normativa, destacó su impacto en regiones como Misiones y el Alto Valle de Río Negro. Sin la compatibilidad, advirtió, muchos obreros “prefieren la informalidad por temor a perder los beneficios”, lo que también expone a los productores a sanciones. A su entender, el Estado no pierde recursos, ya que “los trabajadores mantienen la asistencia y aportan jubilatorios”.
Desafíos para las economías regionales y cómo se origina el decreto
El decreto surgió a partir de reclamos del sector durante el gobierno de Alberto Fernández, y fue prorrogado en 2023 mediante el Decreto 423/2023. Logró resolver un conflicto recurrente: los productores buscan registrar a sus trabajadores, pero muchos obreros evitan formalizarse porque demoran en recuperar los planes sociales tras la cosecha. En palabras de Klingbeil: “El productor quiere blanquear y el obrero no pierde beneficio. Ambos tienen razón”.
La falta de una nueva prórroga genera incertidumbre en plena campaña. Las economías regionales —que representan cerca del 70% del empleo rural, según la CAME— se verían afectadas en su estructura productiva, logística y de cosecha. Eduardo Rodríguez, director de Economías Regionales de la entidad, subrayó que este régimen fue clave para “dinamizar pueblos y promover empleo genuino”, y reclamó una reforma laboral que contemple las particularidades del trabajo agrario.
En el Senado, durante una convocatoria de la legisladora Nora Giménez, Voytenco volvió a exponer la urgencia del tema. También lo llevó a la agenda internacional en una reunión con la OIT sobre trabajo migrante, donde enfatizó que las políticas deben “anclarse en la realidad de los campos, empaques y fincas”.
Según fuentes consultadas por LA NACION, la Secretaría de Trabajo analiza una posible prórroga de la medida. Mientras tanto, los sindicatos del sector insisten en mantenerla para garantizar previsibilidad. Tanto UATRE como RENATRE advierten que, sin esta herramienta, el campo podría enfrentar “retrocesos innecesarios” en materia de formalización y desarrollo laboral.
