Organizaciones de inmigrantes bolivianos, colombianos, mexicanos, peruanos, paraguayos y chilenos residentes en Argentina convocaron por primera vez a un paro con el objetivo de visibilizar el aporte que realizan a la economía y pedir la derogación del decreto que modificó la Ley de Migraciones por considerar que "vulnera" sus derechos.
"Los migrantes somos trabajadores y hacemos un aporte muy importante a las economías de los países donde residimos. Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural", dijo a Télam Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural, una de las organizaciones convocantes.
Vázquez señaló que "en esta construcción del sujeto político que somos tenemos que re-discutir nuestro rol con el Estado, pero también con los sindicatos cuando, por ejemplo, no permiten un cupo superior al 25% de inmigrantes en la representación, como pasa con los ladrilleros".
"¿Qué pasaría si lxs inmigrantes demostramos todo lo que aportamos a la sociedad?", se pregunta el spot realizado por hombres y mujeres de diferentes nacionalidades y distintos oficios (psicólogos, costureros, enfermeros y estudiantes) que invita a sumarse al cese de tareas.
Conmemoración
La fecha de esta acción local -que se inscribe en el marco de una lucha internacional y que en Estados Unidos se cristalizó el 16 de febrero con un paro de inmigrantes contra las políticas del presidente Donald Trump-, fue elegida para recordar el 30 de marzo de 2006, cuando producto del incendio de un taller textil en el barrio porteño de Caballito murieron seis personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas menores de edad.
Según el informe "Impacto de las migraciones actuales en la estructura económica y sociocultural de la Argentina" que publicó en 2016 la Universidad de Tres de Febrero, este grupo aporta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en IVA, en tanto que en el perí¬odo 2007-2011 su participación en la generación de riqueza osciló entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.
"El 4,5% de la población en Argentina es migrante, uno de los porcentajes más bajos de la historia", indicó a Télam el argentino Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
Ceriani Cernadas informó que "existen rubros donde su fuerza de trabajo es mayoritaria como el textil, la producción y venta frutihortícola y la producción de ladrillos, y están distribuidos en todo el país".
Por su parte, Víctor Castillo, del Movimiento Sembrar de Perú y residente en Argentina donde cursa un posgrado, describió que "el bloque migrante que hoy convoca al paro se fue gestando a partir de necesidades comunes; surgió de la necesidad de salir del lugar de víctimas, de reconocernos como trabajadores y comenzar a discutir las migraciones como un complejo entramado de la realidad política, social y económica".
Más allá del debate a largo plazo, las organizaciones tienen un reclamo urgente: la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modificó la Ley 25.871 (de Migraciones).
"El primer problema que tiene el DNU es el mensaje porque asocia al inmigrante con el delito; esto cala muy hondo en la sociedad y llega muy rápido y revertirlo tarda décadas", describió Ceriani Cernadas, quien también es director del Programa de Migración y Asilo del Centro de DDHH de la Universidad Nacional de Lanús.
Para el experto de la ONU, el decreto hace "un recorte parcial de la realidad ya que expresa que el 33% de los delitos vinculados a la narcocriminalidad son cometidos por extranjeros, y esto es lógico por la naturaleza de ese delito, pero no implica que se trate de personas que llegan a residir a un país; mientras que de 2002 a hoy, de todos los delitos cometidos en Argentina sólo entre 5,2% y 5,9% fueron realizados por extranjeros".
En relación a las modificaciones que introduce el DNU, Ceriani Cernadas detalló que "antes para no dejarte ingresar debías tener una condena firme superior a tres años y para sacarte la residencia una superior a cinco; ahora el sólo hecho de tener un antecedente, cualquiera sea el delito y tengas o no condena puede ser una causal para la no admisión, expulsión o cancelación de la residencia".
"Se acortaron los plazos y se quitaron instancias de apelación para el migrante. En realidad el DNU le hace un favor al crimen internacional organizado porque Argentina, en lugar de investigar y llegar a fondo con la estructura delictiva, expulsa a la persona, sin contar con que si se trata de un delito que dejó víctimas fatales, los familiares no tienen cómo lograr justicia en términos de condena ni resarcimiento civil", completó.
En la práctica y ante la diversidad laboral de los migrantes, los organizadores proponen que quienes no puedan dejar de trabajar instalen el debate en su ámbito, pero convocan a las 16 horas a concentrarse frente al Congreso de la Nación para marchar a partir de las 18 hasta la Plaza de Mayo.
