Esa dificultad a veces llega al punto de que algunos las califican injustamente como inviables y condenadas a valerse de la ayuda del gobierno nacional para existir porque no logran generar recursos propios suficientes.
“Aunque sin dudas ese calificativo es injusto, efectivamente existe un grupo de provincias en las que el empleo público presenta un peso muy importante en el empleo formal”, dijo hoy el economista Félix Piacentini durante una conferencia ofrecida en el Congreso Nacional CREA que se está realizando hasta mañana viernes en la Rural de Palermo.
“Además, las provincias con mayor empleo público suelen exhibir un porcentaje de informalidad en el empleo mayor que el promedio nacional”, añadió el director de la consultora NOAnomics.
¿Son realmente las economías de algunas provincias incapaces de generar trabajo formal privado de calidad, competitivo y con remuneraciones adecuadas?
“La respuesta indudablemente es no, pero es cierto que muchas poseen desventajas comparativas importantes, sobre todo en lo referido a la penalidad que las distancias y fletes implican sobre los costos debido a una insuficiente infraestructura de transporte, las dificultades para contar con insumos básicos a precio competitivos, provisión de energía o calificación de la mano de obra”, explicó Piacentini.
En la actualidad la plantilla de personal del Estado en sus tres niveles alcanza los 3,5 millones de personas, con un crecimiento del 52% para la nacional, 53% para la provincial y del 37% para la municipal desde 2003 a 2015.
Sin embargo, en ese período hay provincias en donde el empleo público ha crecido mucho más que el promedio, encabezando el ranking Tierra del Fuego (+108%), Chaco (+92%), Catamarca (+88%), Salta (+84%) y Santa Cruz (+80%).
“Esa trayectoria se convierte en insostenible en el mediano plazo, no sólo porque resulta cada vez más difícil de financiar, sino porque termina ahogando la creación de empresas y empleo privado fundamentalmente por dos vías principales: mayor presión fiscal para afrontar el gasto creciente y la pérdida de competitividad progresiva por los menores recursos para inversión pública que ello significa”, apuntó.
Además, al pagar muchas veces mayores salarios, el Estado compite con las empresas en la captación de recursos humanos, que no sólo prefieren mejores sueldos, sino también un régimen laboral mucho más laxo y con estabilidad prácticamente garantizada.
Como consecuencia, Piacentini explicó que se alcanzó un nivel muy importante de exceso de empleo público en la mayoría de las provincias. El economista explicó que en 2015 habría un 34% promedio de exceso en la dotación de empleados públicos provinciales de las 24 jurisdicciones por sobre la dotación óptima, definiendo como exceso de empleo público al creado por encima del crecimiento poblacional de cada jurisdicción desde el año 2003 en adelante.
“Este exceso en puestos representa a unas 535.000 personas sobre un total 2,12 millones de trabajadores, sólo en lo que respecta a los empleos provinciales, es decir, sin considerar a los municipales ni nacionales que trabajan en cada distrito”, señaló Piacentini.
“Se usa al empleo público para ocultar desempleo. Sin eso, la tasa de desocupación actual, a nivel nacional, sería de al menos tres puntos más que la actual”, comentó.
“Nos sale carísimo el exceso de empleo público: en 2004 representaba casi 5 puntos del PBI, mientras que actualmente es el doble de esa cifra, cuando no debería ser superior a 6,5 puntos del PBI. Eso es mucho dinero, porque dos puntos del PBI equivalen a todo el gasto en inversión pública realizado por el gobierno nacional en todo un año. Es decir: podríamos tener el doble de caminos, rutas, puertos y trenes si no nos hubiésemos embarcado en este círculo vicioso del exceso de empleo público”, añadió.
El economista indicó que, habiendo llegado a un punto en el que los gobiernos provinciales no pueden seguir utilizando la expansión del empleo público como herramienta de política económica, al menos sin poner en serio peligro su situación fiscal y clima de negocios, y en el que además se presenta simultáneamente un elevado nivel de empleo informal que no ha podido reducirse en los últimos cinco años, es que puede vislumbrarse que el problema no se soluciona con más Estado, sino con mayor actividad privada que absorba el empleo público en exceso e incorpore a los trabajadores en negro, demandando puestos formales de mayor calidad, productividad y mejores salarios.
¿Cuántas empresas privadas formales adicionales a las existentes deberían crearse para absorber el exceso de agentes públicos y reducir el empleo no registrado a la mitad?
El ranking, comentó Piacentini, lo encabeza Santiago del Estero, que necesitaría un crecimiento del 127% en su cantidad de empresas formales (88% para bajar el trabajo en negro a la mitad y 39% para incorporar el “exceso” de empleo público), siguiendo por Catamarca (+115%), Corrientes (+114%), Chaco (+104%), Salta (+99%), La Rioja (+90%), Tucumán (+83%), Jujuy (+78%) y Formosa (+75%).
“En valores absolutos, a nivel nacional tendríamos que crear unas 300.000 empresas, lo que significaría pasar de las 650.000 empresas formales actuales a un nivel más cercano al millón; con eso nos equipararíamos a la situación presente en Uruguay”, señaló.
