El pedido llegó por parte de la mesa de enlace a la Corte Suprema de Justicia, para que sea declarada inconstitucional la Ley VIII-103 de la provincia de Misiones, la cual prohibió el uso de glifosato a partir de 2025 en todo el territorio provincial.
En el escrito presentado ante la máxima autoridad judicial a nivel nacional, argumentaron que “la venta y el uso del glifosato están autorizados por las autoridades competentes. Por lo tanto, la ley provincial que prohíbe su uso entra en conflicto con diversas normativas federales que regulan la materia desde hace más de cincuenta años, incluyendo el Régimen de Sanidad Vegetal (Decreto/Ley 3489/58), el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (Decreto 5769/59) y la Ley de Declaración de Interés Nacional de la Sanidad de los Vegetales y Animales (Ley 27.233), así como las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales a lo largo de más de cuatro décadas”.
Esta violación de la normativa nacional por parte de la provincia de Misiones pone en cuestión el principio de supremacía del derecho federal, desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial y afecta las regulaciones nacionales de productos esenciales para la producción agrícola, subrayaron en el comunicado las 4 entidades agrarias que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA): Soceidad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Además, afirmaron que se plantea como un conflicto jurídico más allá de las evidencias científicas sobre la seguridad del glifosato. En un país federal como la Argentina, las provincias no pueden interferir con políticas generales adoptadas por el Congreso en pos del desarrollo integral de la Nación.
“Como bien lo sostiene desde siempre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo y no habría nación si cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente”, señalaron.
Desde el sector agropecuario destacaron que la provincia de Misiones está imponiendo una prohibición total sobre el uso de un producto que cuenta con la autorización del Estado Nacional para su venta y comercialización. A través de esta acción legal, buscan evitar graves y potencialmente irreparables perjuicios tanto para los productores agrícolas como para la economía nacional y el medio ambiente.
Argumentan que el glifosato habilita prácticas de producción que contribuyen a la conservación del suelo, la reducción de la erosión, el uso más eficiente del agua y una menor dependencia de los combustibles fósiles.
En la actualidad existen más de 160 países que habilitan el uso de glifosato por considerarlo un producto de baja toxicidad y no cancerígeno.
De acuerdo con el informe publicado en el año 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), afirmaron que “el glifosato no es cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta al sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única o en exposición repetida”.
