Agricultura orgánica: la fallida decisión de Sri Lanka que desencadenó la crisis económica y social del país

Cómo se desencadenó la fuerte crisis económica, social y alimentaria de Sri Lanka al transformarse en el primer país en tener una matriz productiva agropecuaria libre de agroquímicos.

Transformarse en el primer país en tener una matriz productiva agropecuaria libre de agroquímicos, no fue una decisión acertada para Sri Lanka. A un año de su prohibición, el país está inmerso en una fuerte crisis económica, social y alimentaria. 

Bajo la política de la “Visión de la Prosperidad”, el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa decidió, en abril de 2021, prohibir la importación y el uso de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en el país asiático con el pretexto de que el gobierno debía “garantizar el derecho del pueblo a una dieta no tóxica”.

La columna de Agustín Colombier en Agrolink Radio

La iniciativa fue rápidamente celebrada e incentivada por ambientalistas, famosos y diversas ongs de Sri Lanka, pero el problema llegaría en la época de cosecha, donde -sumado a los problemas ambientales como la sequía o las inundaciones- los rendimientos de los cultivos cayeron en picada. 

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Es por esto que la abrupta inmersión en la agricultura ecológica trajo graves consecuencias de dimensiones inesperadas, incluida “la amenaza inminente de hambruna para su población de 22 millones de habitantes”, en palabras de Mahinda Yapa Abeywardana, Presidente del Parlamento.

Además, al no tener producción y no poder vender, el Gobierno entró en la crisis económica de los países subdesarrollados. En este sentido, no solo perdió plata el estado, sino que perdieron plata los productores y los consumidores que tuvieron que pagar más caro lo poco que había.

Lo que llevó al reclamo de cerca de un millón de productores agropecuarios de té a reclamar una elevada indemnización de 200 millones de dólares. Sumado a las pocas reservas que tenía el país, el gobierno los indemnizó y se provocó un quiebre en el sistema de salud de Sri Lanka. 

Para octubre del mismo año, al demostrar que la sustancia no es dañina para la salud humana, el Gobierno se vio obligado a ceder y a habilitar la importación de fertilizantes y glifosatos por las pérdidas sufridas en la producción de té.

La caída de la producción derivó en un alza inflacionaria que tuvo su epicentro en diciembre del año pasado, con un récord del 21,5 por ciento. Actualmente, se espera un recupero en la industria del té y otros cultivos.

La decisión motivada por la imposibilidad de utilizar insumos químicos se dio en un marco de buenas intenciones. Éste es un gran ejemplo de cómo con una buena intención, pero con una decisión tomada sin sustento científico, sin consenso con los productores, y de manera unilateral, podés destruir un país.

Vale aclarar -una vez más- la importancia de que los políticos tomen decisiones basadas en la evidencia científica y en consenso con la matriz productiva del país.