A casi dos meses del polémico anuncio por parte del Presidente de los argentinos, en el que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 se disponía la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin, Alberto Fernández anuló dicha normativa.
"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días", indicó el Presidente en su cuenta de twitter. Según indicó, el juez a cargo del concurso, no permitió que el Estado conozca el pasivo de la compañía.
El juez interviniente en el concurso, "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019."
En ese sentido, Fernández aseguró que el Estado no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, "tampoco integrará fideicomiso compartiendo la gestión".
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
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Vale recordar que los directores de Vicentin, el jueves de la semana pasada, en la segunda audiencia de conciliación en el marco del concurso preventivo, se habían negado a renunciar y entregar las acciones a un fideicomiso.
En un primer encuentro, las partes (la empresa y el gobierno de Santa Fe), habían acordado avanzar con el fideicomiso. Para eso, la provincia exigía la renuncia del directorio y el traspaso de las acciones.
