La Unión Europea calificó a la Argentina como país de "riesgo estándar" en materia de deforestación, en el marco de su nuevo reglamento ambiental que comenzará a regir el 1° de enero de 2026. Esta categoría implica que los productos agropecuarios que se exporten al bloque deberán estar acompañados de certificaciones que prueben, con trazabilidad georreferenciada, que no se originaron en áreas deforestadas después de 2020.
El cambio preocupa especialmente a sectores como la soja y la carne bovina, dos pilares de la agroindustria nacional. El hecho de quedar por fuera de la categoría de “riesgo bajo” (donde sí fueron ubicados países como EE.UU., China y Uruguay) genera inquietud entre productores y exportadores.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) cuestionaron duramente la decisión. Su presidente, Gustavo Idígoras, aseguró que no se basa en criterios técnicos ni en datos objetivos, y denunció un sesgo político. "Ya habíamos presentado un informe a Bruselas con evidencia concreta que justificaba una clasificación de bajo riesgo para Argentina. Sin embargo, no fue considerado", indicó.
Nuestro país cuenta con Visec, un sistema privado de trazabilidad que permite seguir el recorrido de los productos agropecuarios desde el lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por técnicos europeos, quienes reconocieron su efectividad, aunque aparentemente esto no fue suficiente para influir en la decisión.
Además del impacto en la competitividad, el agro alerta por el aumento de costos y trámites que este nuevo régimen podría implicar. Las empresas deberán documentar no solo el origen de sus productos, sino también su cumplimiento con la normativa local y ambiental, algo que podría convertirse en una traba indirecta para el acceso al mercado europeo.
El Gobierno nacional ya se expresó formalmente el desacuerdo y se espera una nueva evaluación para junio de 2026, donde se buscará revertir la clasificación.
En paralelo, el sector exportador reclama que se eviten medidas que puedan operar como barreras comerciales encubiertas bajo argumentos ambientales. Más de 60 países fueron incluidos en la misma categoría que Argentina (entre ellos Brasil, Colombia y México), mientras que naciones con contextos políticos complejos como Rusia y Corea del Norte figuran como de alto riesgo.
El desafío, dicen desde el agro, no es solo ambiental, sino geopolítico: demostrar que Argentina puede producir cuidando sus recursos, sin ser penalizada injustamente en el comercio internacional.
