El Gobierno nacional prepara una batería de decretos que impactará de lleno en organismos clave del entramado productivo argentino, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución estratégica para el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario.
El plan, liderado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluye recortes presupuestarios, despidos y el cierre de sedes en distintos puntos del país, con la intención de centralizar funciones y achicar estructuras. “Tiene 6.000 personas, 3.000 vehículos y necesita un rediseño integral”, justificó el funcionario en declaraciones recientes. Además, no se descarta la venta de campos o inmuebles pertenecientes al organismo.
La iniciativa despertó fuertes críticas en el ámbito rural, ya que el INTA mantiene una extensa red territorial con más de 450 sedes que ofrecen asistencia técnica, extensión rural e investigación aplicada a miles de productores agropecuarios, especialmente pequeños y medianos.
Tensión con la Mesa de Enlace y el mundo académico
La posible modificación en la estructura del directorio del INTA también genera malestar. Actualmente, el Ejecutivo cuenta con solo tres asientos, frente a los ocho que ocupan representantes de la Mesa de Enlace, entidades académicas y organizaciones del agro. El Gobierno buscaría inclinar esa correlación de fuerzas para tener un mayor control sobre el organismo y sus fondos.
La reacción no se hizo esperar, sectores productivos, asociaciones como AACREA y facultades de Agronomía y Veterinarias ya manifestaron su preocupación por una medida que podría debilitar la investigación pública en temas críticos como la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la mejora genética de cultivos y animales.
Senasa y ANMAT también en la mira
Además del INTA, otros organismos estratégicos vinculados a la producción, fiscalización y calidad de los alimentos también se encuentran bajo análisis en esta nueva etapa de reformas. Entre ellos, figuran el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), pilares en los controles sanitarios y agroalimentarios del país.
Ambas instituciones cumplen un rol central en la supervisión de los productos que se consumen en el mercado interno y que se exportan al exterior. En el caso del Senasa, su tarea es fundamental
para certificar la sanidad animal y vegetal, prevenir plagas, habilitar establecimientos y garantizar que los productos agropecuarios cumplan con los estándares internacionales. La ANMAT, por su parte, regula los alimentos, medicamentos y suplementos dietarios que llegan a la mesa de los consumidores argentinos.
Especialistas del sector agroindustrial advierten que una eventual reducción de personal o funciones en estas entidades podría tener consecuencias directas en la trazabilidad y calidad de los productos, además de generar incertidumbre en los mercados internacionales. La falta de controles rigurosos podría afectar la competitividad de las exportaciones agroalimentarias argentinas, justo en un momento donde las exigencias globales en materia sanitaria, ambiental y de inocuidad son cada vez más estrictas.
Un modelo de ajuste que preocupa al interior productivo
El recorte en el INTA se suma a una serie de medidas que el Gobierno impulsa con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Sturzenegger ya activó la resolución 63/2025, que permite dar de baja contratos en organismos descentralizados a partir del 1° de julio si los trabajadores no aprueban un examen de idoneidad. Desde la administración destacan que ya lograron un ahorro de 2.000 millones de dólares con la salida de 47.000 empleados públicos.
Sin embargo, desde el interior productivo la mirada es distinta. “El INTA es un socio técnico para el campo, con presencia en todas las regiones. Si se cierran agencias o se reduce su capacidad operativa, se está dejando sin soporte a quienes producen los alimentos del país”, advirtió un dirigente rural del Litoral.
Con las gremios estatales en estado de alerta y sectores del agro expresando su rechazo, la reestructuración del INTA amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. Mientras Sturzenegger avanza con su agenda de desregulación amparado en las facultades extraordinarias de la Ley Bases, el campo observa con inquietud cómo uno de sus principales aliados técnicos podría quedar debilitado en nombre del ajuste.
