La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las entidades agropecuarias integrantes de la denominada Comisión de Enlace solicitaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se implemente el mínimo no imponible para aportes patronales de 12.000 pesos para las economías regionales previsto en la Ley de Reforma Impositiva, pese a que está previsto para 2022.
"El pedido realizado contempla que aquellas actividades productivas primarias de las economías regionales gocen, en forma urgente, del beneficio estipulado en el artículo 167 de la mencionada norma: un Mínimo No Imponible (MNI) de 12 mil pesos para las contribuciones patronales, fijado recién para el año 2022", indicaron desde CAME.
"Con esta medida se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en el caso de las producciones regionales, por lo general, es de carácter intensivo", sostuvo Raúl Robin, titular del área de Economías Regionales de CAME, en un comunicado firmado en conjunto con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro.
Mediante una carta enviada al Ministerio de Trabajo, las entidades rurales pidieron la utilización de la facultad establecida en el segundo párrafo del artículo 173 de dicha ley, la cual expresa que "la cartera laboral podrá impulsar que la detracción se aplique en su totalidad para todas las actividades amparadas en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aplicándoles de manera inmediata el MNI de 12 mil pesos para las cargas sociales".
Al respecto, el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Verlengo, indicó que "solamente para las actividades primarias de las economías regionales, porque de tomarse en cuenta otras se produciría un costo fiscal muy grande. En nuestra actividad no hay reactivación ni rentabilidad y con esto se aliviaría el problema", sostuvo.
"La suba de los servicios nos golpeó. No podemos reinvertir. De concretarse este beneficio, se podría poner en situación regular a un buen número de trabajadores", agregó.
Según el petitorio entregado por CAME y las entidades rurales, la cantidad de trabajadores rurales registrados ante el Ministerio de Trabajo son 375.000, mientras que la cantidad de trabajadores informales se encontrarían entre 525.000 y 625.000.
