Los diputados y senadores trataron normativas como el pago a los fondos buitre, la ley anti-despidos, la reforma política y el Presupuesto 2017, dejando de lado otros temas también importantes.
Ahora, la duda que queda en el campo es por qué la Casa Rosada no insistió con más ímpetu para lograr la sanción de la Ley de Semillas teniendo en cuenta que se trata de un tema que le causó un desgaste político significativo al ministro Ricardo Buryaile.
Una de las hipótesis que se manejan es que el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, durmió los proyectos para desgastar al Gobierno (recién reactivó las iniciativas sobre el cierre del período ordinario sabiendo que no hay tiempo).
En este sentido, fuentes del Frente Renovador contaron a LPO que esta estrategia no respondió a un mandato de Sergio Massa, sino que Alegre “se cortó solo” generando roces no solo en su propio bloque, sino también con otros espacios políticos.
El diputado tucumano del Bloque del Bicentenario, Juan Casañas, salió con los tapones de punta: “Entiendo que hay muchas presiones y que haya gente que se deje presionar; pero no sacar esta ley es una picardía criolla”, disparó en clara alusión a Alegre.
“Haber puesto los proyectos en agenda el 8 de noviembre y comenzar a tratarlos el 15 y 22 implica que no se podrá dictaminar porque el 20 se termina el tiempo, según el reglamento”, señaló Casañas, quien es vicepresidente de la Comisión de Agricultura.
“La inacción tiene ganadores y perdedores: el más beneficiado sin Ley es Monsanto, que así ya recauda u$s 200 millones, mientras que los más perjudicados son semilleros, multiplicadores y agricultores”, dijo Casañas que en 2012 presentó su proyecto.
Los intereses que hay en juego en materia de semillas no son menores. Por un lado una corporación global con enorme influencia como Monsanto y por otro las entidades rurales que a partir de 2008 ejercen un poder de lobby mediático más que importante.
En este contexto, en los últimos días diversos sectores empezaron a criticar al Gobierno con el objetivo de cobrarle el costo político de no sancionar la Ley durante un año no electoral y que no se preveían mayores problemas en el Congreso para tratarla.
Federación Agraria (FAA) -que venía con una posición muy cauta ante el macrismo- criticó el atraso en el tratamiento de los proyectos en el marco de una reunión de Comisión Directiva realizada la semana pasada en Rosario.
“Es necesario una urgente sanción de una Ley. La inacción del Gobierno nacional resultó funcional para consolidar la posición dominante que ejerce Monsanto en perjuicio de los productores, cooperativas y acopios”, apuntó la entidad federada.
Por su parte, Confederaciones Rurales (CRA), advirtió que “sin una Ley de Semillas, y con la siembra de soja 2016/17 ya comenzada, el comercio de granos será un verdaderos caos dentro de un contexto de cosecha que podría llegar a ser récord”.
“Se perdió la oportunidad de sentar las bases para que productores, la industria y el Estado diseñen un marco de fiscalización moderno que permita crear un mercado competitivo con investigación, desarrollo, inversión y empleo”, añadió CRA.
Así las cosas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también se metió en la polémica solicitando a los legisladores que, al momento de trabajar los proyectos, “tengan en cuenta la situación del sector con un enfoque integral”.
“Existen en todas las zonas productivas argentinas pequeñas y medianas empresas cuyo esfuerzo debe ser retribuido a partir de la creación de un nuevo marco legal superador del vigente”, sostuvo la entidad que preside Osvaldo Cornide.
“Con una adecuada retribución, seguramente aparecerán muchos emprendedores que comenzarán a desarrollar genética adaptada a demandas ambientales específicas, lo que redundará en más trabajo, más producción y mayor prosperidad”, concluyó CAME.
