Según un trabajo de la ONU, todos los indicadores reflejan que las mujeres están en peores condiciones que los hombres en el campo, con acceso inequitativo a la propiedad de la tierra, los servicios educativos y los créditos. Además, ponen el foco en que las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares: “Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen por la migración de los hombres”.
A la vez, un estudio del BID Lab hecho para reconocer el panorama de las innovaciones tecnológicas destinadas al agro y la alimentación (AgTech) en América Latina y el Caribe refleja que la “ola de innovación” solo cuenta con un 11% de mujeres co-fundadoras. El informe resalta que uno de los impactos positivos que puede lograr la innovación AgTech en la región es el empoderamiento de las mujeres para que puedan contribuir en dar mayor impulso al sector.
El mismo análisis revela que las mujeres fundadoras tienen participación especialmente en la genética, protección de cultivos y animales, productos y servicios alimentarios innovadores, bioenergías, biomateriales y reducción del desperdicio de alimentos. Los hombres, un perfil más tecnológico, en soluciones Big Data y de Agricultura de Precisión.
Con base en este y otros datos, la Fundación CEDEF propone pensar que es difícil que Argentina y los países de la región puedan expresar su potencial si no hay equidad de género, y llama a reconocer cuál es la agenda global y cuál la local en materia de disminución de esta desigualdad para las mujeres de la producción agroalimentaria.
Mariana Stegagnini, presidenta de la Fundación, decía en diálogo con Radiocampo -por Radio Colonia- que es esto lo que permite redefinir los sistemas agroalimentarios hacia un futuro sostenible, y advierte que es responsabilidad de los líderes y los tomadores de decisiones, algo que va desde el sector público al privado, pasando por las entidades intermedias.
Es que el camino a recorrer es enorme en términos de representatividad. Si bien por primera vez hay, por ejemplo, una mujer conduciendo un organismo de ciencia y técnica como INTA (la Ingeniera agrónoma Susana Mirrassou), y uno como CONICET (la doctora Ana María Franchi), hay mucho por hacer.
Porque mientras eso se da en el sector público, la mayoría de las entidades representativas del sector productivo -a excepción de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar- los órganos de conducción reflejan la enorme disparidad. Para tener datos certeros, la institución buscó qué porcentaje de mujeres hay en cada una.
La mitad de las entidades medidas por CEDEF tienen 0% de mujeres en sus comisiones directivas: es el caso de ACSOJA, AFA, Coninagro, CRA, IPCVA y Maizar. A la vez, muchas otras tienen muy bajo nivel de participación: Aapresid tiene un 3% (1 mujer en 33 miembros de la conducción), la Sociedad Rural Argentina con 5,5% (1 mujer en 18 cargos de autoridad), CREA llega al 8,5% (3 mujeres en 35 autoridades) y la Federación Agraria Argentina toca el 13% (7 mujeres en 54 miembros de la dirección). Mucho más cerca de lo esperado está CAFMA que, con 5 mujeres en una comisión de 25 personas, alcanza el 20% de paridad, mientras que la única entidad que lo consiguió hasta ahora es la FONAF, que tiene 7 mujeres en una comisión directiva de 14 personas (50%).
Exponer estos números, explica Stegagnini, no se trata de una acción que vaya en contra de las entidades. Por el contrario, es una alerta, un llamado de atención y una invitación a trabajar pensando en una premisa: la diversidad enriquece, genera mejores respuestas a los desafíos, hace crecer a las comunidades y fortalece los negocios. El primer paso, marca, es reconocer esta paridad, pero el siguiente no puede esperar, porque revertirla con urgencia es una tarea de todo el sector.
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