El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.354, que declara la emergencia económica, productiva, financiera y social por un año a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén y Río Negro.
La norma, sancionada por el Congreso el pasado 26 de abril, faculta al Poder Ejecutivo nacional a "instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".
El proyecto de la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, contó con la adhesión de todo el arco político. "Afortunadamente compartimos la vocación de dar una rápida respuesta al sector de la fruta del Alto Valle que hoy atraviesa una crisis aguda, con un grave desfinanciamiento que afecta a toda la cadena de producción de peras y manzanas", expresó Crexell en esa oportunidad.
Y destacó que la ley "es una herramienta que habilita al Poder Ejecutivo para instrumentar medidas de excepción que le den un poco de oxígeno a la actividad".
En agosto de 2016, productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén se reunieron en Plaza de Mayo para protagonizar una singular protesta: regalaron peras y manzanas para llamar la atención sobre la situación que atraviesa el sector.
El Parlamento aprobó el proyecto el mismo día en que convirtió en ley la iniciativa que declara zona de emergencia por 180 días a localidades de las provincias de Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy como consecuencia de las inundaciones registradas en los primeros días de abril.
