En los últimos meses venimos asistiendo a un escenario cada vez más complicado en lo que respecta a la industria avícola con precios de mercado golpeados por una sobre oferta de producto, los niveles de consumo de proteína animal en un máximo per-cápita, costos ascendentes, presión tributaria, costos laborales no salariales, ausentismos y, por qué no decirlo, ineficiencias varias. Este combo nos da como resultado esta realidad que nos toca transitar.
Desde el sector industrial se afirma que "con estos valores no somos competitivos y solo exportamos a quebranto". Aunque la verdad cruda sea un poco peor, en off de record los industriales esperan una canibalización del mercado con la salida de dos empresas seriamente comprometidas, repitiendo la historia de la emblemática avícola San Sebastián que cerró en los 90 para descomprimir el frente interno.
La expectativa del movimiento del tipo de cambio como solución providencial para poder exportar reconocen es "casi inviable" debido a la cuantía de la variación que debería sufrir el mismo. No se puede pretender con solo una variable corregir todo un rosario de ineficiencias productivas, llamado genéricamente "costo argentino".
Los llamados productores Integrados representan por sí solos el 90% de los pollos producidos en el país, pero a pesar de este valor relativo siguen siendo el eslabón débil de la cadena productiva, cobrando un promedio de $ 4,70/ pollo criado. Los costos de producción, solo tomando los tres rubros principales (mano de obra, gas y electricidad) sobrepasan holgadamente lo pagado por la industria. En un contexto donde, además, no se midió el impacto del último aumento de las tarifas eléctricas que ronda el 58 %.
Demás está decir que la crisis del sector avícola general repercute sobre muy fuerte sobre este eslabón de los productores integrados. Sabido es que los integrados que trabajan con empresas que cierran no cobran nunca más o si lo hacen será en una mínima expresión de lo que se les adeuda (como excepción a la regla).
La falta de transparencia de vinculo existente entre integrado e integrador es el principal inconveniente, junto con la inexistencia de un marco normativo legal y de cumplimiento obligatorio por las partes. El integrado queda a la buena voluntad de la contraparte que decidirá según un análisis de resultados de la crianza, que tarda como mínimo 30 días, y en el que él mismo es juez y parte en su confección, cuánto será finalmente lo que se le paga al productor.
En caso de controversia, "quejáte, gritá y pataleá", pero a esperar a la próxima crianza. Este desequilibrio de fuerzas y la acefalía en las reglas solo los hace susceptibles a pérdidas de posición negociadora y plazos de pago alargados según la coyuntura financiera del integrador. En definitiva rentabilidad negativa e inviabilidad de negocio.
Es por eso que se necesita una transparencia de los acuerdos del negocio. Todos sabemos que "tranqueras para adentro somos muy eficientes", como dijo Roberto Domenech, presidente de CEPA, pero si queremos seguir siéndolo tenemos que encontrar la manera de darle claridad, sustentabilidad y proyección al sistema.
