La administración de la gobernadora Alicia Kirchner, se comprometió a reglamentar la ley que creó el Instituto para la Ganadería de Santa Cruz y a revisar la norma que amplió la superficie a expropiar en áreas ribereñas, por la construcción de dos represas, informaron hoy autoridades locales.
“Al Instituto lo vamos a llevar adelante”, dijo el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, quien coincidió con el reclamo de los productores nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), impulsora de ambos reclamos.
“Deberíamos tener más técnicos, pero es lo que podemos tener y seguramente agotaremos nuestro tiempo para seguir trabajando en esa dirección”, de formular y dictar del decreto reglamentario reclamado por las instituciones agropecuarias, agregó el funcionario.
La conducción de la FIAS, una entidad integrada por mas de medio millar de entidades de base de la provincia, acordó que la primera medida a concretar desde la actual gestión a cargo de la Sociedad Rural de Río Gallegos, es poner en funcionamiento el Instituto para la Ganadería de Santa Cruz, creado en 2010 mediante Ley 3144.
“Hoy le estamos solicitando al Ejecutivo Provincial el decreto reglamentario correspondiente, para comenzar a trabajar cuanto antes”, dijo Miguel O’Byrne, en su doble responsabilidad institucional desde la Sociedad Rural local y la FIAS, al inaugurar la Exposición Rural que hoy cierra con el remate de campeones.
“Este instituto será dirigido y financiado con los propios aportes del sector, cuyo objeto es apoyar las estrategias para el mejoramiento y el desarrollo agroindustrial en la provincia”, abundó el dirigente ruralista, y que “lo integrarán diferentes organismos públicos y privados que directa o indirectamente tienen que ver con nuestra actividad”, agregó el dirigente rural.
O’Byrne también habló en nombre de los productores ribereños del río Santa Cruz, sujetos a expropiación de tierras por las obras de las represas, “donde se explicita una quita de 200 metros de cada margen que limitaría el acceso esencial de la hacienda al agua, y con su potencial ocupación y re venta de tierras a terceros, como se interpreta actualmente”, dijo, al tiempo que solicitó a los legisladores provinciales, que deroguen o modifiquen la ley 3389 del 2014.
“El sector apoya esta mega obra, pero sin injusticias para nuestros históricos pobladores cuyo arraigo ha desarrollado la región desde hace más de 130 años”, subrayó el dirigente.
Desde el gobierno provincial, De Urquiza dijo que “conocemos muy bien la situación de los productores, por esta obra emblemática para los santacruceños, que es la construcción de las represas y nos alegra que el sector esté de acuerdo con la realización de esta obra, que puede cambiar la dinámica de la provincia, no solo en lo energético, sino también en lo industrial y productivo”.
“Estamos muy atentos a la afectación que se le pueda efectuar a los productores ribereños”, replicó el funcionario, y aseguró que el Gobierno viene trabajando en el tema, desde el inicio de la gestión.
“Se inicia ahora un período de sesiones a partir del día miércoles, y seguramente en la agenda legislativa estará un trabajo que debemos hacer entre todos para resolver particularmente esto que genera inquietud”, dijo De Urquiza, lo que fue confirmado por el vicegobernador Pablo González.
Gonzáez, quien preside la Legislatura provincial, dijo a Télam que en reuniones mantenidas con la Sociedad Rural aún no se había logrado un acuerdo con los productores y asumió el compromiso de volver a trabajarlo con los diputados de todos los bloques para alcanzarlo.
