El Gobierno nacional derogó el decreto 1083, poniendo fin a 18 años de emergencia en la posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, busca agilizar los desalojos en territorios en disputa, argumentando que esta normativa limitaba actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas.
La normativa estableció que “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" queda oficialmente finalizada.
Según el texto, esta decisión busca garantizar los derechos constitucionales de los propietarios legítimos y resolver los conflictos en torno a la delimitación y posesión de estas tierras.
El decreto justificó su derogación señalando que durante los últimos 18 años muchos propietarios y poseedores legítimos han sido desplazados sin la posibilidad de reclamar ante la justicia. Además, destacó la necesidad de seguridad jurídica para fomentar el desarrollo productivo del país.
La eliminación de esta normativa podría acelerar los procesos legales y administrativos que permitan la restitución de tierras a propietarios que, según el Gobierno, se vieron afectados por la ocupación de comunidades indígenas.
