PyMEs en Góndolas es un programa específico de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME) que tiene entre sus objetivos capacitar a cooperativas y MiPyMEs para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas, como en facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados, y en lograr certificaciones de sus productos y procesos.
El programa incluye la vinculación de estas empresas con expertos en temas PyME (profesionales con conocimiento del sector, como ingenieros industriales o licenciados en alimentos) y prevé destinar $1.500 millones en Aportes No Reembolsables que las PyMEs podrán utilizar para desarrollar una marca desde cero, para certificar sus productos, o mejorar el diseño de su producción. Además se destinarán otros $1.700 millones para tres líneas de financiamiento con tasas subsidiadas de hasta el 21% anual.
La Ley de Góndolas, impulsada desde la Secretaría de Comercio Interior, apunta a que todas las empresas tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas y establece, entre otras cosas, que haya como mínimo cinco proveedores diferentes por cada producto, que el 25% de la góndola esté ocupada por productos de empresas PyMEs, cooperativas o mutuales, y que el 5% pertenezca a empresas de la agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.
Lee también: Agricultura familiar: reclaman por la prórroga de la ley que suspende los desalojos
Con este nuevo programa de la SEPYME, el Ministerio de Desarrollo Productivo le ofrece una asistencia integral a las pequeñas empresas, con financiamiento y capacitación no sólo destinado a que puedan ingresar con sus productos a las góndolas de los supermercados, sino también para que puedan sostener el nivel técnico y de producción necesario que les permita consolidarse en el tiempo como proveedores de las grandes cadenas.
La Ley de Góndolas también busca generar un trato equitativo en el vínculo comercial entre las cadenas de supermercados y las empresas. En ese sentido, otorga un máximo de 60 días para que los comercios abonen a las micro y pequeñas empresas y de 40 días cuando se trate de emprendimiento de la economía campesina, agricultura familiar, cooperativas y mutuales. Además, determina que no pueden establecerse plazos o modalidades de pago preferenciales, con fines exclusorios o inequitativos entre los distintos proveedores. También, se exige el trato igualitario en las condiciones en los descuentos, bonificaciones, reposición, transporte, abastecimiento, logística y devoluciones.
