El Poder Ejecutivo Nacional, vía Decreto 463/2025, decidió poner fin al Fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Dicha acción está enmarcada en la política de reorganización del Estado y es una forma de respuesta, según señalaron, a las variadas irregularidades que se detectaron y que fueron cuestionadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En este sentido, dicha auditoría de la SIGEN puso en el tapete importantes deficiencias en la gestión, ejecución y control de los recursos de este fondo.
La finalidad que tenía el Fondo
El fondo, establecido en 2021 por la Ley 26.815, tenía como finalidad principal financiar la logística, equipamiento y el personal para el combate de incendios forestales y rurales a nivel nacional. Sin embargo, la auditoría oficial reveló varias anomalías:
Contrataciones Irregulares de Personal: se identificaron 62 personas en 2022 y 56 en 2023 contratadas sin respaldo documental, ni constancia de tareas realizadas o entregables. Esto contraviene la Ley 11.672, que prohíbe la existencia de estructuras permanentes en fondos fiduciarios.
Problemas en la Gestión de Compras: la adquisición de autobombas sufrió retrasos inexplicables, falta de documentación adecuada por parte de los oferentes y cambios técnicos posteriores a la adjudicación.
Inconsistencias en Servicios Aéreos: se detectaron expedientes desordenados, duplicidad o ausencia de documentos, y diferencias millonarias entre las instrucciones del fiduciante y el fiduciario en la contratación de servicios aéreos.
Por otra parte, uno de los puntos más críticos de la auditoría fue el faltante de más de 70 millones de pesos en la facturación de vuelos para combatir incendios. Estas operaciones se realizaron aplicando diferentes tipos de cambio según la conveniencia del proveedor, sin un criterio técnico claro ni un control efectivo, lo que generó un perjuicio económico significativo para el Estado.
Además, se señaló la falta de control sobre la contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto vida), que las aseguradoras deben girar al fondo por ley. La SIGEN indicó que no existen registros claros sobre el flujo de estos aportes ni certeza sobre su correcta transferencia, lo que denota una seria deficiencia en la supervisión de los ingresos
Pero más allá de la disolución del fideicomiso, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la misma ley, seguirá operativo. A partir de ahora, el Ministerio de Seguridad asumirá la responsabilidad de recaudar los aportes obligatorios de las aseguradoras y administrar los recursos destinados a la prevención y combate de incendios en todo el territorio nacional.
La disolución de este fondo se alinea con otras decisiones recientes del Gobierno en cuanto a la revisión de fondos fiduciarios. El argumento central en todos los casos es la falta de transparencia, el incumplimiento de normativas presupuestarias y la existencia de estructuras paralelas sin controles adecuados. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y ya fue remitido a la Comisión Bicameral del Congreso para su evaluación.
