Ante la importancia estratégica que representa la Vía Navegable Troncal para el crecimiento económico del país, especialmente en lo que respecta al transporte y comercio tanto nacional como internacional, el Gobierno argentino ha decidido iniciar un nuevo proceso licitatorio para seleccionar un concesionario bajo el modelo de obra pública financiada por peaje.
La decisión se formalizó mediante la Resolución 18/2025, publicada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en el Boletín Oficial, que establece los lineamientos para llevar adelante esta nueva convocatoria. El objetivo principal es garantizar que el proceso avance sin interrupciones, a diferencia del intento anterior realizado a fines del año pasado que fue finalmente cancelado.
El gobierno por una mesa de diálogo: buscar consensos
Para evitar trabas y asegurar un desarrollo transparente y consensuado, el Gobierno impulsa la creación de una “Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal”. Esta instancia contará con la participación de representantes tanto del ámbito público como del privado, buscando acordar un procedimiento que cuente con respaldo amplio y plural.
Según lo estipulado en la resolución, dicha Mesa tendrá como función principal establecer espacios de trabajo para discutir y analizar los temas que le sean encomendados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Si bien su carácter técnico es claro, también es evidente que su creación responde a la necesidad de cimentar un proceso licitatorio sólido y sin fisuras.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado se había lanzado una licitación nacional e internacional para la concesión de obras de modernización, mantenimiento y dragado de la Vía Navegable Troncal, abarcando un extenso tramo desde el kilómetro 1238 del río Paraná (en la zona de Confluencia) hasta las Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, pasando por los principales canales y brazos del río. Sin embargo, tras varios conflictos y controversias, incluyendo enfrentamientos con la Sociedad Rural Argentina, el proceso fue anulado en febrero.
En este nuevo intento, el Gobierno busca generar consensos previos que eviten obstáculos. En los fundamentos de la resolución, se destaca la necesidad de fomentar la participación de todos los actores involucrados en el uso de la vía navegable, dada su importancia para el desarrollo regional y su impacto en la competitividad logística.
En ese sentido, también se recuerda que luego de la frustrada licitación, las principales entidades del agro (Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar) expresaron su preocupación y pidieron celeridad en la convocatoria, señalando la urgencia de mejorar las condiciones de la hidrovía para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor calado.
El enfoque oficial continúa siendo el de avanzar con un esquema de concesión en el que el riesgo corra enteramente por cuenta del sector privado. En paralelo, se adoptaron medidas para flexibilizar la navegación en el sistema del Río Paraná, con la promesa de reducir los costos logísticos.
