Desde selvas subtropicales –en el norte– hasta bosques subantárticos –en la Patagonia austral–, los bosques nativos se caracterizan por la gran variedad de ecosistemas que albergan. Brindan múltiples servicios ecosistémicos, como producción de alimentos, agua y madera, regulan el clima, controlan la erosión, colaboran en la formación del suelo y tienen valor recreativo y de belleza escénica, entre otros aspectos. Sin embargo, en los últimos 20 años la pérdida de cobertura forestal asociada a factores naturales y antrópicos no dejó de avanzar.
Un equipo de especialistas argentinos analiza el impacto de 20 años de deforestación y promueve alternativas productivas que incluyen al bosque dentro de la matriz productiva formal del país.
De hecho, un informe elaborado por la Dirección Nacional de Bosques –del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible–, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Asociación Ingenieros Forestales de Chubut reveló que, entre 1998 y 2018, se perdieron 6,5 millones de hectáreas.
Asimismo, el informe presenta alternativas productivas para promover el desarrollo de los productos industriales del bosque dentro de la matriz productiva, promover el aprovechamiento de los servicios paisajísticos vinculados al turismo para conseguir la conservación de los servicios ecosistémicos que prestan y promover el desarrollo rural con el bosque en pie, como el aprovechamiento forestal sostenible, el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) y el ecoturismo, entre otras actividades.
“Para revertir la situación, lo primero que hay que hacer es reconocerla y, en esto, el informe tiene un rol importante”, resaltó Martín Mónaco, director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y agregó: “Existen dos caminos posibles, uno avanzar en un mayor compromiso para que la implementación de la Ley de Bosques sea efectiva; otro es repensar los instrumentos y animarse a proponer soluciones que disminuyan el incumplimiento de la ley y promuevan el desarrollo productivo con arraigo rural y con los bosques nativos en pie”.
En este sentido, Pablo Peri –coordinador del Programa Nacional Forestales del INTA– hizo hincapié en la importancia de la investigación para que aporte elementos para el manejo relacionado a los diferentes usos del bosque, el abordaje de las diferentes escalas espaciales y a la adaptación frente al cambio climático, donde se desarrolla la actividad forestal.
“La generación del conocimiento debe estar enfocada en un manejo de los bosques nativos que busque optimizar el balance, analizando los conflictos entre la producción y la conservación de los bienes y servicios del bosque, teniendo en cuenta no solo objetivos de largo plazo sino, los inmediatos de los productores y la sociedad, de modo de diseñar modelos viables de producción sustentable”, expresó Peri.
En este punto, Peri destacó que el Programa Forestal del INTA responde a las demandas del territorio con aportes técnicos concretos. “En lugar de deforestar, priorizamos como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), el valor agregado y la mejora de la comercialización de los productos forestales y no madereros de los bosques nativos, restauración de la cobertura forestal y el ecoturismo”.
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Protección de los Bosques Nativos
Promulgada en 2008, la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos propone un planteo ecosistémico e integra los componentes ecológicos, sociales –en particular, la necesidad de asegurar la participación de las comunidades indígenas y los pequeños productores– y económicos, a la vez que define los servicios ambientales del bosque. Es una ley compleja y con muchos aspectos.
A pesar de la normativa vigente, entre 2008 y 2018, se perdieron 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos. Si a esto se le suman los registros de la década anterior, la pérdida total asciende a 6,5 millones de hectáreas. Sin embargo, el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo mostró una disminución desde la sanción de la norma mencionada (diciembre de 2007), desde aproximadamente 0,9 % anual hasta su mínimo (0,34 % anual) en 2015. Aunque desde entonces, la tasa de deforestación se incrementó y alcanzó en 2018 (tasa de 0,42 % anual) una superficie desmontada de 183.368 hectáreas.
En el marco del documento interinstitucional se realizó un análisis de parámetros que definen algunos resultados de la implementación de la Ley de Bosques, de la dinámica de los desmontes, del escenario y la población vinculada estos ambientes.
“Con datos precisos y objetivos, es posible analizar lo que ocurre en la ruralidad argentina vinculada a los bosques nativos”, expresó Mónaco y agregó: “Esta información es necesaria para repensar si los instrumentos que la ley de bosques estableció son suficientes para regular la deforestación y, por consiguiente, los conflictos sociales y ambientales que derivan, como así también evaluar su implementación”.
En el periodo 2007-2018, la pérdida de bosque nativo se localizó principalmente en la región del Parque Chaqueño (87 %), fundamentalmente en las provincias de Chaco (14 %), Formosa (13 %), Salta (21 %) y Santiago del Estero (28 %). Se trata de la región que más afectada por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola (especialmente de oleaginosas y cereales) y ganadera.
En este sentido, Mónaco indicó que “si bien se observó una fuerte baja de la deforestación desde la promulgación de la ley de bosques, también se observa que más de la mitad de la deforestación (53 %), ocurrió sobre bosques categorizados como de mediano y alto valor de conservación, categorías que no permiten el desmonte”.
De todos modos, el informe da cuenta de las consecuencias directas e indirectas, locales y deslocalizadas, de los desmontes, como el despoblamiento rural, la conflictividad social, el cambio climático, las inundaciones y la pérdida de productividad de los suelos, entre otros.
“En el capítulo 4.3 Insostenibilidad de la actividad agropecuaria en los nuevos desmontes, se determina que en la región chaqueña entre 2010 y 2017, se deforestaron 2,1 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria”, expresó Mónaco quien advirtió que en el mismo periodo 1,1 millones de hectáreas fueron abandonadas del uso agropecuario. “Esto demuestra que el modelo productivo que promueve los desmontes puede ser rentable, pero que carece de sostenibilidad”.
En la elaboración del informe “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas” participaron, en representación del INTA, Marcelo Navall –Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Santiago del Estero–, Carlos Carranza y Dardo López –Agencia de Extensión Rural Villa Dolores, Córdoba– y Pablo Peri – Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Santa Cruz–.
Fuente: INTA Informe
