El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado hace más de dos décadas para regular y promover el sector yerbatero argentino, enfrenta hoy una grave crisis institucional y política. Aunque ha sido fundamental para la organización y sostenibilidad de la industria, el INYM sufre intentos de desregulación que, a pesar de haber sido frenados por la Justicia, persisten a través de denuncias de vaciamiento y perjuicios a pequeños productores y trabajadores.
El INYM, un actor clave financiado por el sector, no por el Estado
Desde su creación en 2002, tras las protestas de los "tractorazos", el INYM se ha consolidado como una pieza esencial en toda la cadena de valor de la yerba mate. Es un ente de derecho público no estatal, lo que significa que se financia exclusivamente con la Tasa de Fiscalización del mercado interno, sin depender de fondos del Estado nacional.
A lo largo de sus 22 años, el instituto ha logrado:
- Promover la transparencia en la actividad.
- Generar estadísticas confiables.
- Fijar precios mínimos que superan los costos de producción.
- Ordenar el crecimiento de la producción, incluso limitando nuevas plantaciones.
- Implementar más de 25 programas de asistencia técnica, capacitación, becas, entrega de herramientas y acciones de promoción a nivel nacional e internacional.
Intentos de desregulación frustrados por la justicia
La publicación del DNU 70/2023 por parte del Gobierno Nacional intentó modificar la ley que dio origen al INYM (Ley 25.564). Sin embargo, diversos sectores de la producción presentaron amparos judiciales que resultaron favorables. El 12 de enero de 2024, una jueza provincial suspendió el capítulo del DNU que afectaba al INYM, una decisión ratificada el 5 de abril por la Cámara Federal de Posadas. Esto significa que el organismo mantiene su plena vigencia jurídica bajo la normativa original.
Denuncias de incumplimiento y vaciamiento institucional
A pesar de los fallos judiciales, el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) denuncian que el Poder Ejecutivo Nacional no ha designado al nuevo presidente del INYM, impidiendo así su funcionamiento pleno. Aseguran que esta inacción constituye desobediencia judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que han iniciado causas penales contra el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios.
El trasfondo de este conflicto, según los informes, es la intención de vaciar el INYM para beneficiar a los grandes conglomerados industriales, que ya controlan el 76,8% del mercado yerbatero. Un claro ejemplo de esta situación fue la drástica caída del precio de la hoja verde a $180 por kilo durante la cosecha gruesa de 2024, casi $200 menos que en diciembre de 2023, en un contexto inflacionario. Esta baja habría significado una transferencia de más de $140.000 millones desde los pequeños productores hacia las grandes industrias.
Las organizaciones denuncian que la meta es "eliminar al colono del negocio yerbatero y apropiarse de sus chacras", y citan como prueba el proyecto de ley presentado por la diputada Sofía Brambilla, empleada de la empresa "Las Marías", que busca la eliminación directa del INYM.
Impacto en los productores y llamado a la acción
Esta situación genera una vulnerabilidad económica extrema para más de 12.000 pequeños productores y 15.000 tareferos en Misiones y Corrientes. Desde el sector, son tajantes: "El INYM es la herramienta que permitió que la familia agraria pudiera subsistir. No vamos a entregarla".
Los datos históricos respaldan la efectividad del INYM. Entre 2011 y 2023, la producción de hoja verde aumentó un 25%, los productores activos crecieron un 35%, y el mercado interno se incrementó un 13,7%, alcanzando récords de consumo en 2023 con más de 325 millones de kilos comercializados.
"La batalla por el INYM la estamos ganando", afirman las organizaciones defensoras, y hacen un llamado a "nacionalizar la lucha" para impedir su desmantelamiento. Se preguntan qué dirá la historia si permiten que un "grupo de avaros" arrebate el INYM por acciones "monopólicas y delictivas".
