“Hace mucho que venimos señalando que el régimen laboral argentino ha quedado desactualizado frente a la realidad de los sistemas productivos y las nuevas formas de organización del trabajo. También hemos dicho que solo “contiene” a los trabajadores formales, mientras millones de empleos -permanentes, temporarios o situaciones de auto empleo- se dan en la informalidad, y prolifera la “industria del juicio en la Argentina”, dijo hoy el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, y agregó: “Hay figuras legales que parecerían solo ser utilizadas o invocadas para ser abusadas”.
Según el dirigente, el actual sistema permite una verdadera “perversión”, desnaturalizando institutos protectorios del trabajador, para convertirlos en una pertinaz conducta de desaliento al empleo formal especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas para quienes el tipo de reclamos y el monto de los mismos lleva a situaciones límite no solo en lo económico sino también en lo financiero, conspirando finalmente contra la creación de empresas y empleo”.
Asimismo, Funes dijo que la consecuencia de establecer normas híper protectorias o híper garantistas en materia laboral es la alta informalidad. “La rigidez, la perversidad normativa o de interpretaciones judiciales desalientan la contratación. Eso es malo para cualquier país”. Recaudos burocráticos exagerados, presunciones “anti-empresa” y regímenes sancionatorios que constituyen verdaderas “patentes de corso” no solo amedrentan al empleador, sino que son anti-empleo.
Por el contrario, señaló que “desde COPAL, queremos empresas formales, trabajo registrado y protegido, pero razonablemente”. Para esto, “hay que generar un ámbito de diálogo social para que la protección “razonable” prevalezca como criterio y, además, promueva más empleo formal y no los niveles de informalidad que nuestro país y nuestra región afrontan”.
En ese sentido, Funes de Rioja dijo que resulta necesario “reformular instituciones, que no significa desvestir la protección laboral sino hacerla justa y equilibrada, y fundamentalmente evitar las distorsiones perversas de las que hemos hablado, reiterando que ello adquiere particular relieve en el caso de las pequeñas empresas que constituyen la mayoría del empleo real (en nuestro país y en el mundo)”.
