[dropcap]E[/dropcap]l proyecto de Ley de Semillas, acordado con el sector privado, se presentará el viernes ante la Comisión Nacional de Semillas y podria ser tratado éste mes en el Congreso.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, indico oportunamente que buscará que el "uso propio" ofrezca "un equilibrio justo entre la preservación de los derechos del productor y la sustentabilidad de la industria para su desarrollo tecnológico y si hay diferencias, se tendrá que plantear en el Congreso".
Sin embargo, ese es uno de los puntos que podría tener mas cambios en la nueva ley: una de las propuestas más firmes indica que a partir de ahora el productor deberá pagar si decide guardarse semilla de soja de su propia cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente. Solo quedarían exceptuados del pago los productores más chicos.
Desde la propia cadena comercial, aseguraron que el "uso propio" es una figura que terminó distorsionándose, ya que apelaron a este mecanismo por igual tanto productores chicos como los dueños de miles de hectáreas en la zona núcleo.
Por ahora, todos aseguran que el proyecto oficial estaría "acordado con todos los sectores involucrados" en el negocio agroindustrial, para iniciar su tratamiento en la Cámara Baja, donde los diputados buscan concenso después de muchos intentos fallidos durante años para poner el tema sobre la mesa.
En el entorno del Ministro Buryaile buscan que el espíritu de la norma sea posibilitar el cobro de la tecnología, promover la legalidad (en la compraventa de granos) y preservar los derechos de los productores.
A tal efecto, tecordamos que en junio el gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 207 acordada con la multinacional Monsanto. La misma establece que será el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y no la empresa, la que realizará los controles en los puertos por la soja Intacta, resistente a insectos.
Así las cosas, las empresas proveedoras de tecnología, como Monsanto u otras, con esa información disponible podrán hacer luego los reclamos de pago a los productores u accionar por vía judicial.
La nueva ley tendría validez para la próxima temporada 2016/17, ya que el gobierno confía en que los productores sembrarán y cosecharán con un nuevo marco legal para la próxima campaña, por eso la celeridad en plantear el tema en el Congreso de la Nación.
