El Gobierno nacional citó el miércoles, en primeras horas de la tarde, a la dirigencia y la industria semillera para encontrarse el jueves y anunciar la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia por la antigua “Ley” de Semillas. A las pocas horas, esta reunión se suspendió hasta nuevo aviso y hasta el mediodía del jueves no hay noticias de una reprogramación. Habrá que ver en las próximas horas qué sucede efectivamente y si el Gobierno vuelve atrás con el decreto.
En diálogo con Radio Campo -por Radio Colonia- el referente de la Federación Agraria en Pergamino, Jorge Solmi, explicó que se hará un DNU por un proyecto que “no tiene necesidad ni urgencia”, y dijo que no entiende por qué no se da un debate “leal” en la Cámara de Diputados: “Siempre se escondió ese debate detrás de la prepotencia oficialista y nunca fue claro”.
Además, se mostró muy duro con la dirigencia agropecuaria que apoya esta decisión del Gobierno: “La dirigencia está divorciada con las bases, y no conozco a un sólo productor al que le interese de verdad darle más prioridades a Monsanto para que les pague un palco a la salida del puerto”.
Para Solmi, “el decreto es totalmente improcedente, no hay necesidad ni urgencia, no tiene legalidad y sería un regalo del oficialismo -y la dirigencia que apoye- a la agricultura más concentrada, y una puesta en contra de los semilleros nacionales independientes y de los productores”.
En esa línea, el dirigente dijo que “el hecho de que la conducción de las entidades apoye esto es realmente un disparate, porque al menos en FAA es un debate que, internamente, no se saldó aún”.
“De hecho, contó, teníamos una comisión interna muy plural con la dirigencia, los semilleros, ingenieros agrónomos, multiplicadores, cooperativas, que dejó de funcionar con la conducción actual de la Federación y la antigua comisión no está, de ningún modo, de acuerdo con esta Ley de Semillas”, agregó.
¿Con qué puntos están en desacuerdo?
Solmi explicó que, en principio, consideran que el INASE tiene que tener el control de las semillas. “Con lo que no estoy de acuerdo, en primer lugar, es con que no se respete lo pactado sobre secreto fiscal: la Ley dice que la AFIP tiene obligación de dar a Inase toda la información y no puede ampararse en ese concepto, y eso es un disparate jurídico”.
En segundo lugar, dijo, no se garantiza que el Inase tenga los fondos que recauda. De cada tres pesos que recauda, el organismo se queda sólo con uno, y los dos restantes van al Tesoro Nacional. Con eso, advierte, no tiene dinero para hacer ningún tipo de control. Tal es así que hoy el control está a manos de privados, porque se tercerizó.
Además, puso el foco en que “no pueden convivir dos sistemas: uno de propiedad intelectual de la semilla, que da propiedad a los dueños de las obtenciones vegetales, y además uno de patentes”. Está prohibido, asegura, en el sistema legal nacional, la doble protección.
