En los ocho meses transcurridos de este 2018, se dieron una sucesión de eventos que fueron profundizando la crisis fiscal, cambiaria y financiera, con sus repercusiones en la economía real, haciendo eclosión a fines de agosto. Entonces el Gobierno anunció medidas ambiciosas, cuyo gran objetivo es la eliminación del déficit público primario (antes del pago de intereses) para 2019.
En el camino, el peso perdió la mitad de su valor (siendo más precisos, el 53%), la inflación prevista para este año creció del 19% al 40%, la tasa de política monetaria, del 28 al 60% actual y la actividad económica retrocedió de un leve a crecimiento a una suave caída, para señalar sólo a algunas variables más relevantes.
Más de la mitad de los recursos para la eliminación del déficit público provendrán de la reinstalación de las “malditas” retenciones, que incluso el gobierno considera un instrumento muy malo.
Pero por segunda vez en la historia moderna del país, el agro no fue tan discriminado como sucedió en las restantes. Este gravamen tan distorsivo fue aplicado, ahora, a la totalidad de las exportaciones argentinas y no sólo a las de origen agropecuario.
Y no se trata del razonamiento “mal de muchos, consuelo de tontos” sino de ver cómo queda la actividad, no sólo en términos absolutos sino, también, relativos.
A nadie le gusta que le apliquen un impuesto y, mucho menos, cuando éste es nocivo. Pero tampoco se puede dejar de ver cómo ha mejorado la competitividad general del país, después de muchos años de haber convivido con una moneda sobrevaluada. Gracias a la devaluación, el peso, por el momento, ha dejado de serlo. Asimismo, hay que ver cómo ha quedado el sector más competitivo de esta economía en el actual contexto.
Por todo esto, leer declaraciones sectoriales muy negativas es frustrante, por su falta de perspectiva. Del mismo modo, aparecen comentarios en los que el sector agropecuario aparece como el único “penalizado”, lo cual es erróneo.
En síntesis, si las medidas adoptadas sirven para alcanzar el objetivo de eliminar el déficit, gran responsable de la crisis argentina durante décadas y de su involución económica de largo plazo, el precio que el sector exportador debe tributar es moderadamente bajo.
Por supuesto que ése no es el único problema del país. Pero su eliminación permitirá encarar los otros problemas estructurales que nos aquejan con otro prisma, el peso del Estado en la economía, la alta presión fiscal y su distorsionada incidencia, la inversión en educación y en infraestructura, la mayor y mejor inserción en el mundo, etc.
En la carne
Mientras tanto, la situación de las exportaciones de carnes quedó con un derecho de exportación del 12%, que no puede superar los $3 por dólar, con lo que hoy tributa alrededor del 8%. Además, siguen rigiendo los reintegros de entre el 1 y el 1,25% para la carne sin hueso, principal producto embarcado.
En los últimos 4 ½ meses, desde que se inició la corrida cambiaria, el tipo de cambio aumentó 90%, porcentaje que se reduce al 68% si se consideran los efectos de este nuevo derecho de exportación y las anteriores reducciones de reintegros.
Y el precio del novillo tipo exportación aumentó 40%, lo que habla al mismo tiempo de la mayor competitividad de la carne argentina y del plafond más alto que tiene, en el caso hipotético de que cambie la actual relación entre oferta y demanda.
El éxito para alcanzar aquel objetivo de manera sostenible puede ser histórico. Cada uno tendrá que evaluar si el aporte que le toca hacer es razonable o no.
