Desde la Comisión de Semillas de la entidad federada reclamaron mediante un comunicado: "Sostenemos que cualquier acuerdo “entre privados” por parte de una pequeña mesa que involucra a un escaso número de actores, en esta cuestión tan importante para la producción de nuestro país como es el de la semillas , sería una conspiración contra los derechos de quienes no se encuentran representados por ese puñado de dirigentes que, en ausencia del debate público, pretenden distribuirse derechos entre si y atribuir obligaciones a los ajenos"
Desde la Federación Agraria Argentina ratificamos la plena vigencia de la ley de semillas 20247, la del acuerdo UPOV 78, el carácter de Orden Publico de lo dispuesto en ese régimen legal y la función indelegable del Estado en materia de protección de los derechos de la cadena de la semillas, tanto sea la propiedad intelectual de los obtentores como los derechos de los investigadores y de los agricultores a hacer uso propio.
Tenemos el convencimiento que cualquier modificación a estos principios debe darse en un ámbito público y es por ello que hemos presentado un Proyecto de Ley en el Congreso de la Nación para hacer nuestro aporte a ese debate.
También es pública la denuncia por Abuso de Posición Dominante contra Monsanto que realizáramos en el 2014 y que ratificáramos y ampliáramos en febrero de 2016, la cual a la fecha aun se encuentra sin resolver, pese a nuestras reiteradas actuaciones en ese expediente.
Igualmente públicos son nuestros reclamos para la regularización del Instituto Nacional de Semillas – Inase-. Es inadmisible que la autoridad nacional en semillas desde enero de 2004 se conduzca de manera irregular y no haya constituido su Directorio, tal como lo manda la ley 25.845.
La concentración económica avanza a pasos agigantados y se recrudece aun más en materia de semillas. Lo Público debe debatirse de modo democrático y contener a todas las voces. Por eso, nada que surja entre gallos y medianoche, de mano de un “puñado de iluminados”, y que otorgue aún más derechos a los que ya abusan de los que ostentan, restando soberanía en materia de semillas, base imprescindible de la agricultura y de la economía de la Nación, contará con el aval federado.