La venta de cereales en negro resonó fuerte en algunos municipios bonaerenses y demás provincias de nuestro país. Ahora se lleva una fuerte investigación por las maniobras fraudulentas.
Es en este sentido que se investiga la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita fiscal y evasión tributaria.
Según se puedo saber, hasta ahora hubo hermetismo judicial en torno a la identidad de los empresarios que, a muy temprana hora tuvieron, que abrir las puertas de sus domicilios para permitir la acción judicial. La misma que estuvo acompañada por la DDI Trenque Lauquen y la Policía Rural.
No dieron los nombres de las personas que comercializaban cereales en negro
Como ocurre en estos casos y, tratándose de comunidades relativamente pequeñas en cuanto a densidad demográfica, en horas de la tarde de ayer lunes ya era vox populi el nombre de los investigados. Se trata de tres personas, dedicadas a la comercialización de cereales, como así también a operaciones inmobiliarias.
La información oficial que se dio a conocer anoche, sin revelar las identidades de las personas, cuyos domicilios fueron allanados, y publicada por radiomagicadigital.com:
Los dispuso el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de una causa en la que se investiga a un gran número de personas involucradas en la venta de cereal sin declarar.
Los allanamientos, que incluyeron campos, oficinas administrativas, acopiadoras de cereal, estudios contables y casas particulares tanto de productores agropecuarios como de contadores, se realizaron en las localidades de Rosario y Funes (provincia de Santa Fe), localidad de Guatimozín (provincia de Córdoba), y en las localidades de Trenque Lauquen y Chivilcoy (provincia de Buenos Aires). Allí se secuestraron grandes sumas de dinero, importantes cantidades de cereal, armas, dispositivos electrónicos como computadores, celulares y discos externos, como así también documentación que daría cuenta de la maniobra investigada.
La causa, en trámite ante el Juzgado desde septiembre del año 2022, se inició a través de distintas presentaciones que dieron cuenta de una posible organización de personas que se encargarían de falsear datos ante la AFIP a través de una compleja maniobra, en la que se encontrarían involucrados contadores, productores agropecuarios, acopiadoras de cereales y otras personas que oficiarían de intermediarios entre ellos.
El accionar investigado en la mega causa incluyó la utilización de claves fiscales “robadas” a personas que nada tenían que ver con el mundo del agro y tecnología que permitía ocultar las direcciones de IP desde donde se emitía la documentación digital, a la vez que se estaría investigando la posible connivencia de personal de AFIP.