La justicia ordenó una investigación e imputó a tres funcionarios del Senasa por truchar Documentos de Tránsito Electrónicos.
¿Quiénes son los funcionarios del Senasa en la mira de la justicia?
Una es una persona que está a cargo de la oficina de coordinación del NOA Senasa. La otra, el encargado de la oficina de la localidad de Joaquín V. González y la tercera es una persona a cargo de la secretaria administrativa de dicha oficina.
En este sentido se los acusa por fraguar trámites de movimiento de animales. Asimismo, se los imputa por la irresponsabilidad de mover hacienda a riesgo de trasladar enfermedades.
Muchos Documentos de Tránsito Electrónico fueron ignorados por los productores, mientras que otros se nombraron con productores de ganaderos fallecidos. “La oficina está ubicada en la localidad de Joaquín V. Gonzáles, es la principal apuntada”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Senasa y DTE truchas
Según se pudo saber, en la investigación que lleva adelante la fiscalía, la maniobra se reveló luego de que una productora ganadera halló una inconsistencia entre su stock y el que figuraba en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
En este sentido, la fiscalía informó: “Se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos. Por esta razón, el stock de animales aparecía disminuido, lo que fue desmentido por el denunciante, pues no se había trasladado ningún animal de la finca en cuestión”.
Dicha investigación llevada adelante por la justicia explicó que el modus operandi atañía a la realización de DTE por parte de la oficina ubicada en Joaquín V. González de manera apócrifa. De esta manera, se podía justificar el movimiento de animales para otro establecimiento.
Desde el Senasa no solo lo denunciaron a partir de informes, sino también que hubo otros numerosos casos similares, como de cambio de stock, como de movimiento de animales. Aún son investigados.
“No obstante, se pudo establecer que los documentos DTE objeto de la acusación fueron tramitados por los tres acusados, bajo el usuario asignado a cada uno de ellos por el organismo”, comunicó el MPF.
Por último, la auxiliar fiscal pidió un plazo de investigación de seis meses. “Desde el SENASA remitieron más informes, por lo que no descartó establecer nuevos hechos, lo que ampliaría la responsabilidad penal de los imputados”, finalizó el MPF.
