El presidente Javier Milei será investigado en la Ciudad de Buenos Aires tras una denuncia penal impulsada por pequeños productores yerbateros de Misiones. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que determinó que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal será el encargado de tramitar la causa.
Los denunciantes, cinco productores de las localidades misioneras de Oberá y Aristóbulo del Valle, acusan al jefe de Estado de no haber nombrado a la autoridad que debe presidir el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Esta omisión, sostienen, paralizó el funcionamiento del organismo y afectó gravemente al sector productivo, en particular a los pequeños productores.
La demanda señala que, al no designar al presidente del INYM, el Gobierno incumplió la ley vigente, ya que dicho cargo es clave para determinar el precio oficial de la hoja verde, entre otras atribuciones. Según los denunciantes, la ausencia de esta figura ha dejado al mercado yerbatero sin regulación, generando incertidumbre y pérdida de rentabilidad.
El conflicto tiene origen en diciembre de 2023, cuando el Ejecutivo nacional emitió el DNU 70/2023, que modificó aspectos fundamentales de la Ley 25.564, quitando al INYM sus facultades de fijar precios mínimos y realizar tareas de control sobre la cadena productiva de la yerba mate.
Frente a esa situación, los productores acudieron a la Justicia, que en primera instancia suspendió los efectos del decreto en relación al INYM. El fallo ordenó preservar la estructura y funciones del organismo tal como lo establece la ley original, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Dado este escenario, los denunciantes argumentan que el Poder Ejecutivo debía cumplir con la normativa vigente y designar de inmediato a un presidente para el instituto. La falta de acción, advierten, expone al sector a desajustes como la sobreoferta, la especulación de precios y la desprotección de los pequeños productores.
La denuncia fue presentada inicialmente ante el Juzgado Federal de Oberá, que se declaró incompetente, señalando que los hechos denunciados ocurrieron en Buenos Aires, sede del Poder Ejecutivo Nacional. La Fiscalía Federal coincidió con este criterio, remarcando que los presuntos delitos —abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público— deben ser investigados en el lugar donde debió cumplirse la obligación.
