La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos a través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea, así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión: uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular) y es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos presentada por primera vez por José Tessa y busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas, y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente, que también pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero) y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “Si bien la solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico, en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable” ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto, que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara, para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrialactual planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
