En el presente mes de junio la participación del Estado en la renta agrícola es en promedio del 74,7%, según el Índice Fada. Es decir: la sumatoria de los impuestos provinciales y nacionales se llevan casi 75 de cada 100 pesos que genera una hectárea agrícola promedio a nivel nacional.
Se trata de una cifra superior a la registrada en junio del año pasado (65,8%) y la más elevada desde la última medición realizada durante el régimen kirchnerista (94,1% en septiembre de 2015). Además se encuentra en un nivel equivalente al de junio de 2015 (cuando el índice registró 73.9%).
El indicador –que pondera la situación a nivel nacional de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol– es un reflejo de la pérdida de competitividad agrícola promovida por la progresiva apreciación del peso argentino (que incrementa los costos internos medidos en dólares) junto con la caída de los precios internacionales de los granos.
El grueso del índice se compone de soja, un producto que tiene un impuesto fijo sobre los ingresos brutos (derecho de exportación del 30%), el cual tiene una incidencia creciente a medida que el margen del negocio se licúa por baja de precios, suba de costos o ambos factores a la vez.
Otra manera de observar la situación –siempre con los datos correspondientes al presente mes de junio– es cómo se reparte la torta del valor bruto de producción de la canasta de cultivos seleccionados para elaborar el Índice Fada: 56.1% costos (insumos y servicios), 30.3% impuestos nacionales, 9.2% renta de la tierra, 2.4% impuestos provinciales y 1.9% resultado agrícola (el sueldo de productor).
La renta agrícola es el resultado de restarle al valor de la producción, los costos de producir, comercializar y transportar la producción. Por lo tanto, si suben los costos, la renta baja y el indicador sube. Y si, como es el caso actual, bajan los precios, se reduce el valor de la producción, disminuye la renta y, nuevamente, aumenta el índice Fada.
