Mientras 113 barcos permanecen amarrados desde marzo en los puertos, el conflicto entre sindicatos y empresarios mantiene frenada la actividad más rentable del sector pesquero argentino, la pesca de langostino en aguas nacionales. El escenario es tan tenso como preocupante. La falta de acuerdo ya implica una pérdida estimada de hasta USD 100 millones en exportaciones, sin contar los efectos sobre el empleo y la economía regional.
El jueves pasado se reunieron representantes de las cámaras empresarias (Capeca, Capip y CEPA) y los gremios SOMU y Simape en la Secretaría de Trabajo. ¿El resultado? Apenas un paso formal: la creación de una "Mesa Técnica" que empezará a funcionar la semana próxima y sumará a otros gremios del sector, como los de maquinistas y capitanes. Pero el conflicto de fondo sigue sin resolverse.
Una especie fundamental para la economía
No se trata de un recurso cualquiera ya que el langostino representa entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales, cerca de la mitad de las exportaciones pesqueras del país. La mayor parte se captura a bordo de buques congeladores que procesan y empacan el producto directamente en el mar. El resto, en barcos fresqueros, se procesa luego en plantas en tierra.
A esta altura del año debería estar en marcha la campaña de mayor captura. Pero no. La actividad está completamente paralizada. Desde el 17 de marzo, cuando se habilitó la temporada en zonas de menor productividad, los barcos no salen. Y eso significa miles de toneladas menos, ingresos fiscales que no llegan y salarios que no se cobran.
El desacuerdo que lo trabó todo
El eje del conflicto está en los llamados “premios de producción”, que representan la mayor parte del salario de los marineros. Las empresas aseguran que los valores actuales son insostenibles: el esquema se fijó en 2005, cuando el langostino valía USD 12 el kilo; hoy ronda los USD 5. Alegan que los costos laborales pasaron del 30% al 60% del total por marea, lo que deja a las empresas operando a pérdida.
Por eso, piden que se revise el convenio colectivo para incorporar el sueldo básico a los pagos por producción y redefinir otros ítems como aguinaldo e incapacidad laboral. Incluso, aseguran que muchos salarios brutos anuales superan ampliamente el ingreso promedio del país.
Del otro lado, los gremios no aceptan esos números. Aseguran que el costo de la marinería representa apenas el 18% del total y denuncian un intento de extorsión por parte de las empresas. Incluso ponen en duda que las compañías realmente estén en crisis: “Si pierden plata, que presenten un procedimiento preventivo”, desafían desde el SOMU.
La zafra, en pausa
El problema se agrava porque sin acuerdo, ni siquiera puede iniciarse la prospección, un estudio técnico indispensable para determinar dónde y cuánto se puede pescar. Solo dos buques se ofrecieron para participar, pero se necesitan al menos cuatro.
Cada día que pasa sin acuerdo retrasa aún más una campaña que, históricamente, comienza a fines de mayo y concentra el grueso de la actividad del año. Las partes siguen tensando la cuerda: los gremios apuestan a que las empresas cederán para no perder la temporada; las cámaras, a que la presión de los ingresos básicos sin premios incline a los trabajadores a negociar.
Mientras tanto, la pesca del langostino (la joya del Mar Argentino) sigue paralizada. Y con cada semana que pasa, los costos económicos y sociales del conflicto se hacen más difíciles de revertir
