La ocupación ilegal de tierras es un tema que sigue dando que hablar. Uno de los casos más paradigmático de las últimas semanas fue el ocurrido en Guernica- partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires-.
Ayer, el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa por el desalojo de las familias que aún permanecen ocupando un predio de Guernica, dijo que no se producirá el desalojo previsto por la justicia y que aún "no hay fecha cierta del procedimiento".
Finalmente, hoy el Tribunal de Casación bonaerense rechazó el recurso interpuesto para impedir el desalojo de los terrenos ocupados, por lo que el operativo deberá realizarse tal como lo dispuso el juez de la causa, Juan Martín Rizzo, antes del 30 de este mes.
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Más allá de este caso concreto, es un tema que preocupa a las entidades agropecuarias que reclaman al Gobierno medidas concretas y exigen que se respeta la Constitución Nacional y el derecho a la propiedad privada.
En ese sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado alertando por la "caótica situación que ha alcanzado la ocupación ilegal de tierras, para presionar luego de haber consolidado su ocupación violenta".
Las usurpaciones de tierras y la negligencia del Gobierno
Si los perjudicados son productores, el Estado y las Provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado.
El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca.
Es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos, los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido.
Mientras tanto, el pedido de audiencia a las autoridades gubernamentales de seguridad por parte de CRA, continúa sin respuesta.
Hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo o no tener acceso a su propio campo en mano de delincuentes.
En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA), también se manifestó.
La Propiedad Privada es un derecho constitucional inviolable
La Sociedad Rural Argentina expresa, una vez más, su alarma ante la creciente sucesión de hechos violatorios de la Propiedad Privada, muchos de ellos agravados por el uso de métodos violentos e intimidatorios, que ha tenido lugar en diversas provincias y regiones de nuestro país, así como por la relativización de ese derecho inalienable exhibida por algunos sectores de oficialismo y otros actores de la sociedad civil.
La Propiedad Privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo el ordenamiento legal y jurídico de la
República, gozan del más absoluto consenso social.
Ninguna disputa entre privados ni grupos sociales justifica su violación ni mucho menos el uso de la fuerza o la coerción. En este sentido, resulta inaceptable que diversos agentes sociales, en nombre de causas pretendidamente propias o incluso ajenas, usurpen tierras y propiedades cuando, en rigor, lo hacen persiguiendo su propio interés particular o,
directamente, para atentar contra el Estado de Derecho, que a los argentinos nos ha llevado tanto tiempo y esfuerzo construir.
Instamos a los tres poderes del Estado, y a todos los niveles de Gobierno, a utilizar los mecanismos constitucionales y legales con que cuentan y que les ha conferido el pueblo soberano para hacer valer y respetar la Propiedad Privada en todos los rincones de la Patria, a su integridad y la de todos aquellos ciudadanos que ostentan derechos legítimos.
