Hace más de un año que los principales proyectos que buscan modificar la vigente Ley de Semillas, que data de la década del ´70, duermen en los cajones de los escritorios de la Cámara de Diputados. Tanto la iniciativa oficial -impulsada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación- como la propuesta de Gilberto Alegre -titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja- no han avanzado pese al compromiso del propio legislador y de funcionarios de alto rango como el Secretario de Agricultura Ricardo Negri.
Si en 2016 no pudo discutirse seriamente en el ámbito de las respectivas comisiones y estuvo lejos de debatirse en el recinto, parece una utopía pensar que con el Congreso virtualmente paralizado, como ocurre cada año electoral, esos proyectos puedan salir del encierro en el que están.
Se especula que ésta situación favorece a las grandes empresas semilleras y a la multinacional Monsanto en particular. Si los legisladores y funcionarios responsables de que prospere la iniciativa no son cómplices, al menos son funcionales a los intereses de las compañías desarrolladoras de eventos biotecnológicos.
Fuentes de la producción acusan al diputado Alegre de beneficiar a las proveedoras de semillas, porque sostienen que su proyecto de ley es una distracción y la demora en su tratamiento termina indirectamente fortaleciendo el vacío legal existente en perjuicio de los productores. El conflicto -aún irresuelto pero menos agitado que el año pasado- por el pago de la tecnología en la semilla de soja genéticamente modificada "Intacta RR2 PRO" (resistente al herbicida glifosato y a insectos) sigue generando preocupación en el sector primario.
Ciertamente todos los actores de la cadena granaria coinciden en que hay que pagar lo que corresponde por la tecnología. La gran diferencia que existe entre productores y empresas semilleras (básicamente Monsanto) es cómo hacerlo. El mayor consenso entre los actores involucrados apuntaría a que la regalía se abone con la compra de la bolsa de semilla fiscalizada. Igualmente surgen desacuerdos sobre el derecho al "uso propio" para pequeños y medianos chacareros.
Sin una nueva legislación acorde a las necesidades de estos tiempos, los problemas de fondo no se resolverán en el mediano plazo. Si bien está en pleno funcionamiento el denominado "Bolsatech" (sistema que funciona bajo la órbita de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires), que intenta controlar si existe la tecnología "Intacta" en los granos de soja comercializados para evitar así el cobro compulsivo del canon por la tecnología -la famosa cláusula Monsanto-, se multiplican los cuestionamientos de productores y entidades rurales sobre su eficiencia.
Meses atrás en una gira ideada por la semillera Pioneer por el cinturón agrícola estadounidense, de la cual participaros dirigentes del campo, empresarios y otros representantes del agro, se acordó la conformación -de manera extraoficial- de una mesa de discusión entre segundas líneas de semilleras y gremiales agropecuarias para trabajar en una solución definitiva al problema que existe en Argentina respecto del pago de la tecnología en la semilla de soja. Tras varias semanas de reuniones, sorpresivamente el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, unilateralmente decidió romper ese ámbito para que las reuniones fueran entre las cabezas de las entidades y los CEOs de las compañías desarrolladoras de biotecnología. El cambio arbitrario provocó malestar en las organizaciones colegas y según trascendió Federación Agraria habría sido la primera en pegar el portazo. Ante la suma de actitudes como estas, varios dirigentes empezaron por lo bajo (y también por lo alto) a cuestionar al presidente de la Rural. Muchos creen que sus acciones podrían obedecer a sus aspiraciones políticas, en un contexto de clara sintonía con el Gobierno de Cambiemos y con el propio Mauricio Macri.
Tras las PASO y con los comicios legislativos de octubre a la vuelta de la esquina el debate por la ley de semillas pareciera diluirse un año más, pese al supuesto compromiso asumido por las máximas autoridades del Ministerio de Agroindustria y por los diputados que siempre insinuaron la importancia de una nueva legislación acorde a los actuales avances biotecnológicos. No son pocos los que creen que, incluso, habría una mano negra que estaría dilatando el avance de los proyectos para beneficiar a las grandes compañías semilleras.
