
La llegada de carne vacuna importada desde Brasil a supermercados de El Bolsón generó preocupación en el sur del país. El producto, que había sido rechazado previamente por la Unión Europea por contener estradiol, una hormona prohibida en ese mercado, comenzó a comercializarse en góndolas sin una comunicación oficial por parte del Gobierno nacional.
La importación responde a la estrategia de ofrecer cortes más económicos ante el encarecimiento del novillo argentino, que se posiciona como el más caro del Mercosur. En contraste, el ganado brasileño presenta un precio significativamente menor, lo que impulsó la decisión de abrir el mercado local a este tipo de productos.
Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo en sectores de la producción regional y el comercio minorista. Desde la federación de entidades empresarias de Río Negro advierten que solo las grandes cadenas pueden acceder a estos productos importados, lo que deja fuera de competencia a pequeños frigoríficos y carnicerías de barrio.
Además, el ingreso de carne con componentes prohibidos por la normativa nacional plantea interrogantes sanitarios. Desde 2022, el uso de estradiol está restringido por el Senasa para animales destinados al consumo humano. Aunque las autoridades de Río Negro y Neuquén indicaron no haber constatado ingresos oficiales, se estima que el panorama podría cambiar en breve, dado que Brasil se encuentra próximo a obtener el estatus de país libre de aftosa sin vacunación, lo que eliminaría las trabas sanitarias.
El impacto no se limita al sector cárnico. Distintas cámaras del sur alertaron sobre un posible efecto dominó en otras actividades, como la textil o el calzado, en un contexto donde las importaciones de alimentos aumentaron más de un 150% en lo que va del año. Según el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial, en 2025 se están importando cerca de 1.200 toneladas mensuales de carne vacuna y unas 5.700 toneladas de carne porcina.
Mientras tanto, las exportaciones argentinas de carne registran una caída del 30%, lo que afecta la competitividad del país en sus mercados tradicionales. Este escenario, combinado con la falta de comunicación oficial, genera incertidumbre entre los productores, que denuncian la ausencia de reglas claras y temen por la sostenibilidad de sus actividades.