Crece la preocupación por el destino inmediato del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ante versiones que indican que el gobierno nacional avanzaría con un recorte profundo en la institución. Según trascendidos, se habría impuesto la postura más radical del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien propone una reestructuración severa, sin tener en cuenta las funciones ni los antecedentes laborales de los trabajadores afectados.
El decreto que habilitaría estos cambios ya estaría redactado y permitiría la desvinculación inmediata de aproximadamente 800 empleados que actualmente no cuentan con estabilidad permanente. Esta cifra representa la mitad del ajuste total que el gobierno de Javier Milei planea implementar. Posteriormente, se impulsaría un plan de retiros voluntarios para reducir aún más la planta, alcanzando así un total de 1.500 desvinculaciones.
Frente a este panorama, se convocó para el jueves una asamblea en el INTA de Castelar, sede con la mayor cantidad de trabajadores e institutos de investigación del país. José Perea, delegado de ATE en esa seccional, advirtió que el decreto que se anunciaría en breve podría significar el desmantelamiento del INTA, habilitando la venta de vastas extensiones de tierras productivas que quedarían en manos de inversores inmobiliarios rurales y urbanos. El documento, según denuncian, apunta a vaciar de personal las unidades de extensión, las estaciones experimentales y los laboratorios científicos.
Además del recorte de personal, el decreto contempla una reforma del sistema de conducción del instituto, actualmente autónomo y conformado por representantes del Poder Ejecutivo, entidades del sector agropecuario y universidades públicas. Esta estructura ha funcionado hasta ahora como un freno a las políticas de ajuste. La nueva configuración permitiría, entre otras cosas, avanzar con la subasta de miles de hectáreas, lo que genera alarma entre los trabajadores y especialistas del sector.
