Alberto Fernández anunció este jueves un plan para la promoción del empleo registrado, y la ampliación de un plan social para 250.000 trabajadores rurales. Esto indica que aquellos que reciben dicha ayuda pueden ser empleados en blanco y no perderán los beneficios no contributivos que les correspondan.
El reclamo vino de la mano de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de las economías regionales frente a la imposibilidad de contar con trabajadores temporales para la cosecha.
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El titular del sector de economías regionales de CAME, Eduardo Rodríguez dialogó con Agrolink Radio sobre este nuevo decreto que será publicado en el Boletín Oficial. Rodríguez comentó que lo anunciado por el Gobierno forma parte de "todo lo que veníamos reclamando y trabajando hasta que sea elevada la ley que se encuentra en tratativas dentro del Senado".
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El proyecto de ley busca beneficiar a los trabajadores golondrinas, promueve la producción y la cultura del trabajo. En línea con el plan anunciado por el Gobierno, explicó que las cosechas, en su gran mayoría, las llevan adelante pequeños y medianos productores.
Además agregó: "Este decreto beneficiará no solo a los empleadores sino también a los empleados que podrán cobrar todos los planes sociales sin problemas. Nosotros podremos blanquear a esa gente".
En el anuncio, el presidente indicó: "Nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, es que tenga trabajo", y puntualizó que el plan que beneficiará a 250 mil empleados rurales "se da una situación con los hombres y mujeres que trabajan un tiempo donde se cosecha y luego dejan su trabajo esperando que los frutos vuelvan a salir", relató.
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Sin embargo, el miembro de CAME informó que el volumen de trabajadores de las economías regionales que no podían acceder al trabajo registrado es de 625.000 personas, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores.
Mientras que el presidente Fernández advirtió que el plan beneficiaría a 250 mil trabajadores, por lo que Rodríguez comentó que ellos cuantificaron más de 600 mil personas y que aún "falta leer la letra chica del decreto".
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