"La transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo", aseguran desde la cámara que agrupa a las empresas del sector.
"A la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093.Esto quiere decir que tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles".
Según un comunicado, "estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los $600.000.000 (pesos argentinos)."
"Es por eso que para garantizar el normal funcionamiento de las plantas y conservar las fuentes laborales, es prioritario y determinante que el Estado respete la legislación vigente".
Por último, desde el sector solicitan al gobierno con carácter de urgencia "que disponga las medidas necesarias para que las empresas mezcladoras de combustibles adquieran el biodiesel a empresas con cupo asignado y ejerza las demás funciones que como autoridad de aplicación les compete".
