Durante el fin de semana no hubo definiciones, soluciones ni paliativos para la crisis de SanCor, pero sí una buena muestra de predisposición para abocarse al diálogo. Luego de los dichos de Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria de la Nación, quien en declaraciones a medios de alcance nacional condicionó el otorgamiento de un crédito del Gobierno de $ 450 millones a que "se baje un aporte que hace el sector empresario a los sindicatos", desde el gremio recogieron el guante y reaccionaron.
Buryaile dijo que el Gobierno de Mauricio Macri no está pidiendo "que echen gente ni que bajen salario" sino que "se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas, que va al sindicato".
Tras esas declaraciones, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria de la República Argentina (Atilra) pidieron una reunión que se concretará hoy con funcionarios de la alianza Cambiemos, para debatir sobre la demora en el salvataje financiero a la empresa cooperativa SanCor, donde están amenazadas más de 4.000 fuentes de empleo.
Atilra emitió un comunicado el pasado domingo, donde reconoce la aceptación del gobierno a un pedido de audiencia realizado para hoy. Este fue el comunicado del sindicato, firmado en la ciudad de Buenos Aires el 30 de abril:
“Ante la paralización de SanCor y la ausencia de sus directivos, el gobierno acepta dialogar con Atilra. Careciendo la cooperativa de un plan serio de reactivación, su diálogo con el estado cayó en vía muerta.
Es por ello que Atilra, en nombre y representación de sus afiliados solicitó con carácter de urgencia y obtuvo una audiencia con las autoridades nacionales, prevista para el día martes 2 de mayo.
En la oportunidad, Atilra elevará una propuesta exigiendo como condición la reactivación de la empresa y el respeto de los puestos de trabajo.
Exigimos también que se termine con la imprevisión, la irresponsabilidad, la ausencia de planificación y la falta de seriedad por parte de quienes dirigen los destinos de la cooperativa.
Aspiramos que el puente de salvataje que tiende la entidad gremial con el estado, fructifique en una nueva oportunidad que lleve tranquilidad a nuestras familias”.
Se espera que altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri estén presentes, así como también el secretario general de Atilra, Héctor Ponce.
LA HISTORIA DEL “APORTE SOLIDARIO”
El aporte mensual permanente que realiza la industria láctea al gremio Atilra, el punto que trabó el acuerdo para que el Gobierno libere los $ 450 millones del Fondear para SanCor, fue creado en 2009.
Homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, fue un convenio celebrado entre Atilra, el Centro de la Industria Lechera (CIL), la cámara que agrupa a las principales empresas, SanCor y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche.
Entre otros puntos, en esa oportunidad se argumentó el aporte “con la finalidad de contribuir a las funciones y actividades de carácter solidario que lleva a cabo la entidad sindical” y para eso se había fijado un valor de $ 417 por mes y por trabajador del sector.
Para llegar hasta ese monto se había determinado una escala progresiva, “comenzando en el mes de abril de 2009 con la suma de $ 100”. Hoy esa contribución por empleado es de $ 3.300.
Según lo pactado en 2009, los valores “serán ajustados en la exacta proporción en que se modifiquen los salarios básicos de los trabajadores de la industria lechera de la República Argentina”. Allí se indicó que “cada empleador deberá depositar el importe de dinero que resulte vigente a cada mes de devengamiento, debidamente actualizado”.
El plazo de pago se estableció hasta el 15 de cada mes y se indicó que “el incumplimiento de esta obligación de contribución, habilitará la utilización de la vía judicial de reclamo, y el cargo de los intereses aplicables”.
En el último tiempo, unas 59 pymes lácteas fueron a la Justicia contra ese aporte, porque lo consideran inconstitucional. Basan su argumentación en una prohibición de la ley de asociaciones profesionales.
Para el gremio, el aporte permanente llegó a significar unos 700 millones al año, cifra hoy más baja porque muchas empresas dejaron de pagarlo.
Según estimaciones privadas, la industria en general le adeudaría al sindicato unos $ 1.000 millones por ese aporte.
