La historia de Antonio Martínez había cobrado trascendencia en junio cuando recibió de la Fiscalía Civil Nº 4 de Resistencia la orden de desocupar en 48 horas el predio que habita hace 40 años.
En ese momento la situación del grupo familiar era aún más sensible, porque su esposa, Celia Báez, acababa de dar a luz a la tercera de sus hijas; las otras dos tienen 14 y tres años. Esta semana el hombre volvió a recibir una notificación, esta vez del Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia, dictando el desalojo con plazo para este lunes 24.
El lote en disputa es de unas 50 hectáreas, en la colonia Hipólito Vieytes, jurisdicción de Presidencia de la Plaza. Antonio cercó la mitad de la propiedad para producir hortalizas (sementera baja) y dedicarse a la cría de ganado menor (porcino y caprino), lechería y apicultura.
EL CASO
Hace varios años que un familiar del propietario -ya fallecido- reclama esas tierras. Sin embargo el pequeño productor asegura que su padre ya las había ocupado antes que él sin mediar conflicto con el dueño.
Alexis Alarcón es técnico de Agricultura Familiar y conoce la realidad de los Martínez como vecino. En una conversación telefónica con NORTE aportó su mirada. ‘Los padres eran pobladores con más de 40 años en la chacra y labraban la tierra, en su momento hicieron un planteo formal para regularizar su situación, pero no prosperó. La otra parte avanzó hasta llegar a esta instancia‘, describió.
El 15 de agosto de este año la Cámara de Diputados del Chaco adhirió a Ley Nacional de Agricultura Familiar y declaración de emergencia habitacional por tres años
Además contó que Antonio con estudios primarios supo llevar adelante muchas adversidades pero le cuesta hacer las gestiones judiciales en Resistencia, lejos del lugar que eligió para vivir y criar a sus hijas. Al margen de la titularidad de las tierras, la situación se inscribe en los casos alcanzados por la emergencia habitacional.
El 15 de agosto de este año la Cámara de Diputados del Chaco adhirió a Ley Nacional de Agricultura Familiar y declaración de emergencia habitacional por tres años. Lo último implica suspender procedimientos judiciales por desalojos que puedan existir por la propiedad en lo referido a posesión, uso u ocupación.
El emprendimiento era considerado una referencia para técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en la provincia. Y cuando el padre de Antonio falleció, pese a tener una discapacidad motriz él continuó la producción y provisión de sustento.
En una breve comunicación telefónica el padre de familia repasó con alguna dificultad que en 2002 había acudido a un abogado, que en 2010 recibió la primera intimación de la otra parte, que los técnicos de Agricultura Familiar lo conocen hace décadas y que siempre trabajó la tierra.
"Si me desalojan, es el final de mi vida"
