Desde los agroexportadores pertenecientes a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), expresaron una “profunda preocupación por expresiones de autoridades políticas” relativas a la reciente decisión judicial que no homologó el plan de pagos de la agroxportadora Vicentin. La situación actual pone en riesgo al empleo de toda la industria aceitera.
La situación surgió tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la red social X: “El Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”. En un sentido similar se expresó la titular de la entidad monetaria, Silvina Batakis.
Desde CIARA y CEC consideraron “imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”.
Plantearon la situación delicada de la agroindustria “en un momento en el que la macroeconomía muestra signos de debilidad y la sequía impactó en la industrialización y exportación, y las recientes medidas judiciales podrían afectar la estabilidad laboral y el funcionamiento de toda la industria, en medio de “tensiones sociales de público conocimiento”.
Sin perjuicio de lo anterior, CIARA-CEC tomó posición sobre el accionar desde el Gobierno: “Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería operar en igualdad de condiciones ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier trato diferencial en términos financieros, impositivos u otros podría tener graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.
Imprecisiones de Alberto Fernández sobre la causa Vicentin
En su cuenta de X (ex Twitter) Fernández subrayó: “Eso significa que, como siempre reclamamos, no se va a consumar la trampa de aquellos acreedores privados que, perjudicando al Banco Nación y a los 1290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas”. En rigor, 1017 acreedores (en un total de 1600, son el 62,87%) avalaron el plan de pagos, y tenían expectativa de empezar a cobrar.
