Son muchos los sectores y entidades que, siguiendo de cerca lo trascendido con la empresa Vicentin, no apoyan la decisión de expropiarla. Tal es el caso de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que a través de un comunicado de manifestó en contra de la iniciativa del Gobierno Nacional.
La Bolsa de Comercio de Córdoba no convalida la iniciativa de expropiar o estatizar la empresa Vicentin y considera que la medida anunciada por el poder ejecutivo en el día de ayer, constituye un nuevo acto de avasallamiento a las instituciones de la República. Las dificultades circunstanciales por las que podría estar atravesando esta empresa, no son sustento suficiente para justificar la intervención de la propiedad privada, ni el menoscabo a la división de poderes que sentencia nuestra constitución nacional.
La empresa Vicentin solicitó la formación de su concurso preventivo, en cumplimento de la obligación legal existente para lograr evitar la quiebra. A pesar de ello, el poder ejecutivo dispuso la intervención de la sociedad, antes incluso de dejar que el deudor, ejerza su derecho en el periodo de exclusividad de hacer propuestas y obtener las mayorías necesarias para lograr el ansiado y merecido acuerdo con sus acreedores.
Creemos en la subsidiaridad del estado, el mismo solo debe estar, donde el sector privado no lo hace. El gran desafío que requiere el momento actual, una vez superada la cuarentena sanitaria, será estimular el desarrollo de las empresas privadas con menor presión fiscal, y menor dimensión del tamaño del estado en su conjunto. Esta decisión va a contramano de ello, representando, por el contrario, un contrapeso negativo para el presupuesto público.
Este tipo de iniciativas, no son además comparables con otras llevadas adelante en el ámbito internacional, como es el caso de Estados Unidos en la crisis financiera del año 2008. Los prestamos que se realizaron a varias de las grandes compañías norteamericanas que se encontraban en una situación de falencia por circunstancias externas e impredecibles, y por lo tanto no atribuibles a su conducción empresaria, fueron transitorios y reembolsables al estado. En ningún momento se pensó en estatizarlas, conscientes de las limitaciones del estado para administrarlas con eficiencia.
Y por último, muy distinto es el caso actual Argentino y de todos los países desarrollados por la pandemia del Covid 19, donde el estado obligó a cerrar y a paralizar la actividad a la mayoría de las empresas, decisión que requirió y justificó el apoyo transitorio por parte del estado. Fue de carácter general, se buscó sostener el aparato productivo y el empleo, sin lo cual, la economía hubiera colapsado.
