La reciente normativa de la Unión Europea (UE), que exige que productos como la soja y la carne provengan de zonas "libres de deforestación" para su importación a partir de 2026, ha reavivado un intenso debate en el sector agroindustrial argentino. Originalmente programada para entrar en vigor en enero de este año, su aplicación se pospuso un año más, hasta 2026, debido a la fuerte oposición de Argentina y otros países sudamericanos exportadores.
La principal crítica a esta regulación radica en que la UE impone sus propios criterios de "campo libre de deforestación", que a menudo contradicen las leyes nacionales, y en la excesiva y compleja cantidad de certificaciones requeridas. Para la soja, el mayor obstáculo es la necesidad de segregación en origen, es decir, mantener separados los granos certificados de aquellos no cultivados bajo esa normativa.
La UE y sus exigencias
Aunque Argentina ha avanzado con Visec, una plataforma gratuita para cumplir con las exigencias europeas, la segregación física sigue siendo un desafío considerable a mediano plazo.
Esta problemática fue el eje de un encuentro organizado por el Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro). Participaron Viki Lövenberg, consejera de la Delegación de la UE en Argentina; Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC; y Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores, bajo la moderación de Raúl Dente, presidente del Incagro. El objetivo fue despejar dudas sobre el Reglamento 1115/2023, sus requisitos y las obligaciones que impone al sector agropecuario argentino.
Lövenberg expuso los fundamentos del reglamento, destacando que no solo responde a una demanda ciudadana de mayor conciencia ambiental, sino también a la urgencia de actuar contra el calentamiento global. Afirmó que la norma, enmarcada en el Pacto Verde, se aplica tanto a productos europeos como importados y exige tres condiciones:
- No haber sido producidos en zonas deforestadas desde el 31 de diciembre de 2020.
- Cumplir con la legislación del país productor.
- Contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo.
Aclaró que "esto no es una prohibición" y que las definiciones se basan en estándares internacionales, principalmente de la FAO. Subrayó la novedosa exigencia de geolocalización de las parcelas de producción, lo que implica una trazabilidad más estricta, aunque sin imponer una herramienta específica. Lövenberg ve esta medida como una "oportunidad para Argentina" para ofrecer productos más sostenibles, elogiando el progreso de la plataforma Visec.
Por su parte, Idígoras resaltó la importancia de adoptar estrategias comerciales que consideren las demandas ambientales globales, más allá de las posturas políticas. Instó a toda la cadena de valor a sumarse a Visec, una herramienta que garantiza una trazabilidad confiable y verificable, asegurando que los productos no provengan de zonas deforestadas. Este sistema se apoya en el RENSPA y la Carta de Porte, permitiendo seguir el recorrido de los productos desde su origen hasta el puerto de exportación.
Idígoras afirmó que Visec es "simple, voluntario y gratuito" para productores y otros actores, contando con el respaldo de la Bolsa de Comercio de Rosario, que emite los certificados de cumplimiento de la normativa europea. Sin embargo, reconoció que la segregación física del grano es el "mayor obstáculo técnico", implicando un "esfuerzo económico" considerable y resultando "irracional" en su implementación.
Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, fue aún más crítico con la segregación, calificándola de "innecesaria, costosa e ineficiente". Ironizó comparándola con "separar billetes según el barrio donde vive cada depositante". Advirtió sobre posibles efectos ambientales negativos, como el alto consumo energético que implicaría el secado artificial de granos húmedos si no se pudieran mezclar, lo que "aumentaría el calentamiento global".
Rivara abogó por un sistema más sencillo para fomentar una mayor adhesión. Ponderó que Argentina, a través de Visec, ha desarrollado un protocolo confiable para cumplir con el reglamento, destacando que la certificación es una "garantía".
El debate dejó claro que el Reglamento 1115/2023 marca un punto de inflexión para el comercio agroindustrial con la UE. Si bien existe consenso en la lucha contra la deforestación, el éxito de la implementación dependerá de cómo se gestionen los mecanismos de trazabilidad, especialmente en lo que respecta a la polémica segregación física.
