Un día antes del paro nacional lanzado por la CGT, entidades ruralistas y el gremio UATRE protagonizaron un fuerte cruce por el empleo en negro en el sector y la reforma laboral incluida en el proyecto de ley Bases.
Al anunciar la adhesión de la UATRE al paro, el secretario general del gremio, José Voytenco, dijo que si bien hay "un campo muy eficiente, con buenos rindes, buenos precios, haciendo buenos negocios, nosotros estamos sufriendo el trajín de tener el 70% de trabajadores negros en el sector”.
El líder sindical remarcó que “estos datos fueron revelados en año pasado por el INDEC".
Desde CRA rechazaron esos datos: “Se ha afirmado de manera falsa e irresponsable sobre un porcentaje elevadísimo de trabajadores rurales no registrados. Es tan disparatada la acusación que, de haber sido así, el sector agropecuario tendría un millón cien mil trabajadores, de los cuales setecientos setenta mil estarían de manera irregular”, indicó la entidad agropecuaria.
Dijo que para que esas cifras fueran ciertas “el sector agropecuario debería emplear la sexta parte de la totalidad de los trabajadores del sector privado de la argentina en forma directa. Un disparate sin pies ni cabeza. Es más, no sólo no es cierto, sino que el sector rural tiene una registración laboral muy alta y una permanencia en sus trabajos que mayoritariamente se distingue de las demás actividades”.
CRA consideró que el gremio “empaña, ensucia y estropea una relación que debiera ser madura y responsable entre las partes, ya que propina descalificaciones que ni siquiera debieran ser consideradas”.
“Sería sumamente positivo que el gremio que representa a los trabajadores rurales trabaje en verdad por los derechos de los mismos, y en ese sentido la mejor gestión que podría hacer es poner el acento en que funcione su obra social, OSPRERA, ya que hace meses que no cubre las necesidades en materia de salud de sus afiliados. Para colmo, cabe recordar que durante el gobierno anterior fue la cuarta obra social que más dinero recibió del Fondo Solidario de Redistribución del gobierno nacional en la anterior gestión: unos 30 mil millones de pesos”, señaló la entidad ruralista.
En este escenario, Voytenco criticó la reforma laboral incluida en la Ley Ómnibus que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y vaticinó que generará “trabajo esclavo, trabajo infantil y trata de personas” en caso de que la aprueben en el Senado.
“Esta nueva ley laboral que promueve la quita de multas para aquellos que tienen trabajadores en negro nos hace retroceder en el tiempo, profundizando la precariedad laboral que hay en nuestro sector y originando más trabajo esclavo, trabajo infantil y trata de personas”, señaló el gremialista.
Y confirmó que el sindicato adherirá al paro general planteado por la CGT "para resistirnos a este abuso que quieren imponer los legisladores que votaron esta ley contra los trabajadores”.
