A pocos días de que venza el plazo establecido por el Decreto 196/2025, aumenta la inquietud en el ámbito del transporte de cargas por la falta de adhesión de varias provincias a la actualizada Ley Nacional de Tránsito 24.449. El límite es el 19 de mayo y, si no se prorroga, la ausencia de una normativa uniforme podría afectar seriamente la circulación y la logística en distintas regiones del país.
“La adhesión provincial no es un trámite administrativo, es una condición esencial para garantizar la circulación segura y homogénea de los vehículos pesados entre jurisdicciones. Si no se logra, se pone en riesgo la actividad económica desde el origen de la cadena logística hasta el consumidor final”, advirtió Cristian Sanz, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
La nueva normativa indica que las licencias profesionales de las categorías C, D y E deberán ser emitidas por las provincias que se alineen con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, quienes conduzcan vehículos de más de 3.500 kg tendrán que realizar un examen psicofísico y completar una capacitación obligatoria. Pero si una jurisdicción no adhiere, sus licencias no tendrían validez fuera de su territorio, lo que traería complicaciones como sanciones, demoras, conflictos administrativos e incluso cortes en el servicio.
“La logística se traba y se multiplica el costo del transporte. Y eso lo termina pagando el consumidor final”, agregó Sanz. La falta de un criterio unificado repercutiría directamente en el abastecimiento de industrias, centros logísticos y comercios, con consecuencias concretas sobre bienes esenciales como alimentos, medicamentos o indumentaria.
Con la intención de evitar estos inconvenientes, FADEEAC viene desarrollando gestiones institucionales en distintas localidades. En los últimos días, se realizaron reuniones con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y con el de Bahía Blanca, Federico Susbielles, entre otros.
Desde la federación remarcan que lo que está en juego no es solo la continuidad de las operaciones, sino también una oportunidad para fortalecer la profesionalización del sector y avanzar en mejores estándares de seguridad vial. “No se trata solo de cumplir con una norma, sino de dar un salto de calidad”, explicó Sanz.
El tiempo apremia. La adhesión a este nuevo esquema no es una formalidad: es lo que va a permitir que los camiones sigan operando, que la producción continúe y que la economía mantenga su ritmo.
“La aceptación por parte de las provincias de la normativa nacional garantiza reglas claras y homogéneas para todo el sistema de transporte de cargas. Es una condición necesaria para mejorar la logística, cuidar la seguridad vial y dar previsibilidad a una actividad clave para el desarrollo productivo del país”, concluyó el presidente de FADEEAC.
