La "motosierra" desreguladora del gobierno continúa su marcha, impactando directamente en el sector agropecuario y la agroindustria. Este miércoles, el Poder Ejecutivo dio un nuevo paso al decidir la disolución de una serie de políticas de fomento destinadas a diversas actividades, principalmente ganaderas. Lo hizo a través de este decreto.
El aspecto más relevante de esta medida es la disolución del régimen de promoción de la ganadería ovina. Sin embargo, la decisión también abarca otros programas, como el de fomento a la producción de gusanos de seda y aquellos destinados a reforzar la crianza de cabras y búfalos.
Medidas del gobierno
El decreto 408/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, establece las siguientes disoluciones:
- El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
- La Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
- El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, creado por el artículo 1° de la Ley N° 25.747.
- El Registro Nacional de Sericicultura, creado por el artículo 4° de la Ley N° 25.747.
- El Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.141.
- La Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, creada por el artículo 9° de la Ley N° 26.141.
- El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.066.
- El Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.076.
- El Consejo Federal Bubalino, creado por el artículo 6° de la Ley N° 27.076.
Además, se derogan las leyes 25.422 y sus modificatorias, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076.
Como ocurre con la mayoría de las iniciativas de desregulación, el Gobierno se respalda en los principios establecidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), promulgado en diciembre de 2023. Este decreto sentó las bases de la meta primordial de la Casa Rosada: despojar a la actividad privada de la supervisión estatal.
El documento añade que la Administración Pública, por su naturaleza, se dedica a responder a las exigencias de interés público por las que fue creada, asumiendo a su vez la responsabilidad de fiscalizar las actividades que impulsa. Asimismo, se hace hincapié en que los marcos regulatorios vigentes fueron concebidos en un escenario productivo, institucional e histórico considerablemente distinto al presente.
En este panorama, donde las directrices del Gobierno Nacional apuntan a disminuir la participación estatal y a optimizar la eficacia y eficiencia en la gestión pública, resulta imprescindible examinar aquellas funciones que podrían ser duplicadas o redundantes, con el propósito de garantizar una distribución de los recursos públicos más sensata, efectiva y orientada.
