La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a generar posiciones encontradas dentro del sector agropecuario. El proyecto impulsado por el Gobierno busca flexibilizar las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros con el argumento de atraer inversiones y fortalecer el derecho a la propiedad privada.
Sin embargo, lejos de existir una postura unificada, las principales entidades del campo muestran diferencias sobre el alcance de la iniciativa.
La Sociedad Rural: "No hay que tener miedo"
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se manifestó a favor de avanzar con la reforma y lamentó que el Senado postergara su tratamiento.
"No hay que tener miedo", afirmó al defender la posibilidad de que ingresen capitales extranjeros para invertir en el país. Según Pino, una mayor apertura permitiría dinamizar el mercado de campos, generar empleo y potenciar la producción, siempre bajo las leyes argentinas.
El mercado inmobiliario rural también apoya los cambios
Desde el negocio inmobiliario rural también respaldan una flexibilización de la normativa.
El presidente de Bullrich Campos, Roberto Frenkel Santillán, sostuvo que la ley vigente "espantó inversiones durante 15 años" y aseguró que fue creada para resolver un problema que, a su entender, nunca existió.
El especialista considera que la eliminación de restricciones permitiría desarrollar regiones que hoy tienen un enorme potencial productivo, turístico y energético.
Federación Agraria marca diferencias
La postura cambia en la Federación Agraria Argentina.
La entidad expresó reparos sobre el proyecto oficial y advirtió que eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros puede afectar la soberanía sobre recursos estratégicos, especialmente en zonas de frontera y áreas con reservas hídricas. Además, considera que la reforma no resuelve los problemas estructurales de los pequeños y medianos productores, como la presión impositiva, el acceso al crédito o la rentabilidad.
¿Qué establece la ley vigente?
La Ley 26.737, sancionada en 2011, limita al 15% la superficie rural que puede estar en manos extranjeras tanto a nivel nacional como provincial y municipal. También fija restricciones por nacionalidad y establece límites sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir una misma persona o empresa extranjera en determinadas zonas.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y reducen el potencial de desarrollo de amplias regiones del país.
El otro lado del debate
Quienes rechazan la reforma sostienen que la discusión trasciende la propiedad privada. Especialistas y dirigentes políticos advierten que la flexibilización podría facilitar la concentración de tierras con recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques o áreas de frontera, en un contexto internacional donde la seguridad alimentaria y energética gana cada vez más relevancia.
