Gobierno impulsa un proyecto de ley para reactivar la actividad minera en la Argentina y atraer inversiones por unos 25.000 millones de dólares, aunque la iniciativa ya generó críticas de ambientalistas que temen por la posibilidad de un avance en áreas protegidas por la ley de glaciares.
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos y brindar estabilidad a inversores, entre otros puntos.
La iniciativa ya fue presentada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, a funcionarios de las provincias.
La administración de Mauricio Macri buscará, de ese modo, obtener inversiones por USD 25.000 millones durante los próximos ocho años.
Según pudo saber la agencia de noticias NA, el gobierno de La Rioja acompaña el proyecto, pero la iniciativa sería resistida en algunos aliados de Cambiemos, como sectores del radicalismo.
Según un análisis elaborado por la consultora ABECEB, los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes de la economía argentina que actualmente afectan la competitividad de la minería.
De ese modo, advirtió que postergan la puesta en marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de dólares, que podrían generar unos 38.700 empleos directos e indirectos.
"Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década son clave ya que con su puesta en marcha, la producción se incrementaría en una tasa promedio anual de 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país", evaluó el director de Mercados de Energía, Minería e Infraestructura de ABECEB, Mariano Lamothe.
En ese escenario, el Gobierno asegura que, a través del proyecto, se podrán multiplicar los puestos de trabajo, los cuales crecerían al ritmo de la llegada de inversiones.
Además de los ambientalistas, algunos gobernadores criticaron la puesta en marcha del proyecto ante la posibilidad de que la actividad minera se desarrolle sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
Una de las provincias que se opuso desde un principio fue Chubut por entender que en ese lugar está prohibida la megaminería a cielo abierto.
El Gobierno espera que el Nuevo Acuerdo Federal Minero sea sancionado mediante el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas con el fin de que pueda ser discutido una vez que comiencen las sesiones ordinarias en marzo.
