El 21 de agosto nos esterábamos por una publicación en la cuenta de twitter del Presidente de la Nación, que por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 690-2020 se declaraba a los servicios de internet, telefonía celular y televisión paga como públicos y esenciales, además de congelarse las tarifas hasta fin de año.
Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.
— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
En este contexto, Agrolink Radio dialogó con Raúl Malisani, empresario del sector agropecuario y especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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"El agro es el lugar donde peor impacta esta decisión. En el campo tenemos problemas de caminos rurales, y cada vez que llueve se rompe el acceso a internet. Entonces para poder ingresar y dar soporte hay que tener un vehículo doble tracción, gente experimentada y- sobre todo- una masa de abonados que justifique ese gasto fijo".
Según comentó Malisani, las empresas que dan servicios en los pueblos, cada vez quieren ocuparse menos del soporte al acceso de internet en los campos. Este no es un problema nuevo, pero se intensifica ahora que las empresas ya no pueden fijar precios porque el Estafo pone tarifas. "Con esos niveles de facturación, no compensa ni el combustible cada vez que haya que asistir un reclamo".
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"El ancho de banda vale 1 dólar en el área rural cercana a la capital, y puede alcanzar los 9 dólares en el norte de la Argentina. Un abono rural barato puede costar entre 1800 pesos por 5 megas o 6000 pesos por los mismos megas, y ambos precios tienen su racionabilidad, entonces cómo hacer para poner una tarifa social", se pregunta el referente.
Ante esta disyuntiva, Malisani afirma que hubiera siso más económico atender a la gente que no puede acceder a internet, antes que "provocar un estrago" en los sectores que necesitan conectividad a demanda con un costo razonable.
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El DNU tiene dos partes, una que establece el congelamiento de precios hasta fin de año, y la declaración de servicios públicos. “Venimos reclamando desde todos los sectores que achiquen los gastos públicos, pero este Gobierno piensa que se puede controlar la inflación haciendo cada vez más extensiva la actividad estatal”.
