Un grupo de 18 empresas que representan tres cuartas partes de la producción de limones en Tucumán salieron a rechazar, con un duro comunicado, un proyecto de ley del gobierno de Osvaldo Jaldo que declara de interés público la producción de limón y crea un Instituto de Fomento para el Crecimiento y Fortalecimiento del Limón (IFL), como ente autárquico, con capacidad de regular y sancionar a los actores del sector. Argumentan que terminará perjudicando más al sector frente a otros competidores locales e internacionales.
"Representantes del 75% de la actividad limonera de la Provincia de Tucumán, EXPRESAMOS NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACIÓN Y NOS OPONEMOS al Proyecto de Ley 17-PE-24, presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia ante la Honorable Legislatura el 8 de mayo pasado, el cual declara de interés público provincial la producción de limón y sus derivados", arranca la carta que circularon el último fin de semana.
"Los productores de limón de Tucumán no somos los únicos en el mundo. Somos un jugador, relevante por cierto, pero representamos 'solamente' el 15% de la producción de limón del mundo. Tenemos que competir contra todo el resto en un mercado que es el mercado mundial, donde rige el libre juego de la oferta y demanda", advierten sus adherentes.
Las firmas que se oponen al proyecto del Ejecutivo tucumano previenen que la crisis de la citricultura en la provincia, tal como sucede en el resto del mundo, se debe a un crecimiento excesivo de plantaciones de limón. "Cuando los precios del limón y sus derivados eran altos, existió la tentación de incrementar la producción. Esa tentación llevó a la generación de excedentes que hace años causan una depresión en los precios internacionales del limón fresco, el jugo y el aceite esencial", argumentan.
Por ello, sostienen que las soluciones "no deben pasar por afectar solamente la productividad de las empresas tucumanas mediante un depósito compulsivo de parte de los productos que industrializamos, ni por aumentar enormemente nuestros costos con el mantenimiento de esos productos en depósito supercongelado".
A la vez que rechazan el incremento de sus costos mediante el pago de una nueva tasa para el sostenimiento del Instituto de Fomento para el Crecimiento y Fortalecimiento del Limón y la estructura que se diseña para su operatividad. "Se crea para intervenir reduciendo solamente la oferta de Tucumán al mundo", acusan al referirse a un "intervencionismo estatal en un mercado que era libre, a contramano de los tiempos que corren".
"Necesitamos reducir nuestros costos para mejorar nuestra competitividad, mejorar la eficiencia de nuestros procesos y desarrollar nuevos mercados y productos. Reconocemos la necesidad de buscar soluciones ante tal situación de crisis; sin embargo, discrepamos profundamente con todas las iniciativas de este proyecto, que NUNCA ha sido presentado ante la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) o la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), las entidades privadas más representativas de nuestro sector", señalan.
Y fundamentan su postura desde la idea que, lejos de beneficiar al sector, la ley terminará restándoles competitividad frente a otras provincias productoras como Salta, Jujuy y Corrientes e incluso otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia y Sudáfrica. "Sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir", lamentan.
Y concluyen, poniendo como ejemplo la situación de otras economías regionales: "El intervencionismo del estado para lograr incrementar artificialmente los precios por medio de una regulación de la oferta de productos ha probado ser un remedio peor que la enfermedad".
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Qué dice el proyecto sobre el limón en Tucumán
El proyecto que declara de interés público provincial la producción sustentable de limón y sus derivados tiene un total de 26 artículos y lleva la firma del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el gobernador Osvaldo Jaldo.
En sus fundamentos, estipula que se propone fijar "las bases mínimas e indispensables para mitigar la grave situación por la que hoy atraviesa la actividad limonera de la Provincia, propiciando el crecimiento y la consolidación del desarrollo económico del sector, a través del fortalecimiento de la cadena citrícola en su conjunto y el mantenimiento del sector limonero local como actor líder en el ámbito internacional".
Y menciona la constante caída de facturación del sector, con grandes pérdidas para el sector privado y la provincia por el consiguiente impacto negativo en la recaudación tributaria y la reducción de divisas por el cierre de mercados en el hemisferio norte.
Del mismo modo, describe un retroceso de la superficie plantada con limoneros y un aumento de la cantidad de hectáreas abandonadas, que impacta también sobre los puestos laborales en el sector.
En consecuencia, en su segundo artículo, la iniciativa afirma que el objetivo es arbitrar medidas tendientes a dar sustentabilidad a la actividad limonera y mantener su posición de liderazgo en los mercados internacionales. A la vez que estimular la producción de nuevos subproductos, entre ellos ácido cítrico, bioflavonoides, azucares naturales, terpenos y otros derivados que tiendan a dar sustentabilidad a la producción limonera tanto en las inversiones realizadas como en el sostenimiento de los puestos de trabajo.
Asimismo, el gobierno de Jaldo asevera que la ley pretende fomentar el desarrollo de un mercado interno para el ácido cítrico de origen limonero y nacional, que favorezca la sustitución de importaciones y la creación de valor agregado y establecer un sistema de garantías que asegure el cumplimiento de los objetivos antes mencionados en particular para la elaboración de ácido cítrico a partir del jugo concentrado de limón, de los destilados a partir del aceite esencial de limón, pectina, fibra alimenticia, bioflavonoides y/o de usos alternativos para la cáscara deshidratada de limón.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Producción busca instaurar al IFL como nuevo organismo a cargo de regular el comienzo de cada zafra con la cantidad de producción de productos industriales -aceite esencial, jugo concentrado y cáscara deshidrata de limón- que deben destinarse a la constitución de un sistema de garantías que fija en la normativa, celebrar convenios en los diversos niveles e imponer sanciones por incumplimientos.
La normativa fija al Ministerio de Economía y Producción como puente con el IFL cuyo gobierno estará a cargo de un directorio ad honorem integrado por ocho miembros y otros tantos suplentes, con representantes del Poder Ejecutivo Provincial, las industrias citrícolas y de productores primarios. La representación legal, no obstante, reposa en el ministro de Economía y Producción como su presidente mientras que la dirección técnica y administrativa la ejercerá un gerente.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley se crea, además, un Sistema de Depósito de derivados citrícolas, cuya dirección y administración se asigna al IFL y que funcionará, en caso de aprobarse, como "una garantía de las cantidades que, en función de las estimaciones iniciales de producción, no vayan a destinarse al mercado internacional".
En consecuencia, las industrias deberán actuar como agentes de retención de la tasa retributiva de servicios y de la constitución de las garantías correspondientes al Sistema de Depósito respecto de los productores o proveedores de materia prima.
"Esta ley afectará negativamente a las relaciones comerciales de la industria con nuestros principales mercados, introduciendo incertidumbre y desconfianza en nuestras transacciones", alertan desde el comunicado en común las 18 empresas limoneras firmantes. Y demandan a los legisladores que no aprueben el proyecto a la par que reclaman al gobierno de Jaldo y al de Javier Milei que los convoque "para construir en conjunto propuestas que no arrastren a la citricultura Tucumana a una crisis terminal".
